La falta de leyes y certificaciones más exigentes en el control pesquero, la omisión en la vigilancia y control de las pesquerías por parte del gobierno federal y las reducciones presupuestales a dependencias responsables del medio ambiente, son las causantes de agudizar las condiciones de miles de pescadores y la captura legal de especies, pero también la crítica situación de las zonas costeras y sus hábitats.
Al presentar los resultados de la segunda evaluación nacional de las pesquerías en México, la organización Oceana AC, destalló aspectos de orden legal, condiciones de irresponsabilidad por parte de dependencias federales y falta de políticas públicas para cumplir acuerdos internacionales que permitan alcanzar la sostenibilidad de las pesquerías en México.
Ocaeana AC, organismo internacional no gubernamental, presentó en Mérida un balance de las condiciones que vive el sector pesquero mexicano, pero en lo particular las falta de voluntad política para comprometerse y lograr mejorar la situación de este sector económico, que es vital para el desarrollo alimentario de la población.
En cifras de este organismo, el 40 por ciento de las especies que se consumen y comercializan proviene de la pesca furtiva, lo que establece un grave problema que implica el incumplimiento de acuerdos internacionales para México -ante el tratato de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá-.
En lo particular, las condiciones de la pesquerías en Yucatán, donde se ha incrementado de manera alarmante la pesca furtiva, advierte un control criminal de parte de grupos que comercializan estos productos y de manera paralela, un incremento importante de problemas sociales en los puertos y comunidades pesqueras donde el alcoholismo, el consumo de drogas duras y la violencia intrafamiliar crecen de manera alarmante, según señaló el senador Jorge Carlos Ramírez Marín.
En la rueda de prensa ofrecida, Mariana Aziz, directora de campañas de Transparencia de Oceana AC recalcó la urgencia de políticas públicas más exigentes, entre ellas, la aprobación de la norma de trazabilidad y una NOM -Norma Oficial Mexicana- para dar seguimiento a ka captura, comercio e industrialización de las especies que se capturan.
Detalló que, las condiciones actuales son preocupantes, debido a las sanciones para los pescadores mexicanos que no pueden vender sus productos al extranjero, debido a la falta de transparencia en las condiciones de certeza y legalidad de la captura de estas especies.
Argumentó que, este problema implica la pérdida de valor para las especies, la sobre explotación de pesquerías y la venta ilegal en el mercado de pescado, lo que daña vedas de especies, sobre explotación y con ello también el uso de artes de pesca prohibidos en zonas determinadas.
En el caso de Yucatán, las pesquerías han respondido a sobre explotación en el caso del pepino de mar, además de una notable reducción en especies de escama como el mero, el pulpo y otras variedades de gran valor económico para las cooperativas locales.
Sobre este tema, Ramírez Marín resaltó las condiciones que resultan de grupos criminales que reclutan pescadores para depredar especies, como ha sido el caso del pepino de mar. De la misma forma, la condición de que, por cuarto año consecutivo, el gobierno federal reduce el presupuesto para investigación, vigilancia y control de las pesquerías y con ello, la sobre explotación de algunas especies.
Otro dato importante, señaló en el grado crítico en el que se encuentran las reservas territoriales, los parques marinos y las zonas de manglares y humedales, como el caso de Ría Celestún, Arrecife Alacranes y Bajos del Norte, que tienen mínima vigilancia por parte de la Secretaría de Marina, Conapesca, Semarnat y otras instancias gubernamentales responsables de las mismas.
Según específicó Ramírez Marín, con datos del reporte de Oceana AC, Arrecife Alacranes está en el último lugar, con calificación en rojo, en protección, con solo 2 puntos, en una escala de 5. En tanto que, Ría Celestún aparece en color amarillo preventivo con cifras de 3.3 de 5 en protección de manglar, lo que establece el estado crítico de estos espacios de conservación marina.
