Maestros y líder sindical encadenan a un discapacitado

El caso de bullying, en el CBTA 87 de Valladolid. Después de un año de otro tipo de victimización, el caso por fin llega a los juzgados penales, pero liberan a los implicados bajo medidas cautelares. Denuncian que el ex titular de la Segey tuvo conocimiento, pero nunca movió nada para que se hiciera justicia.

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Cámara en mano y con la única intención de burlarse y exhibirlo, seis docentes de un centro de bachillerato técnico agropecuario de Valladolid -ubicado en la carretera a Felipe Carrillo Puerto- encadenaron del cuello a un intendente de la institución educativa y lo sujetaron con candado a una reja, en un acto de abuso y discriminación sin precedentes en el plantel.

Los hechos ocurrieron el 18 de enero del año pasado en el CBTA 87, ubicado en el kilómetro 3 de la mencionada vía. Luego de más de un año, el caso ya está en proceso en el Juzgado Primero de Control del Quinto Distrito Judicial, a cargo del juez Manuel Jesús Soberanis Ramírez.

Los maestros que hasta el momento recibieron imputaciones por las vejaciones contra la víctima –quien padece una discapacidad auditiva- son Jaime Melchor Rejón Rodríguez, José Enrique Alcocer Briceño y Carlos Arturo López Céspedes. Hay otro implicado en el abuso y maltrato, Manuel de Atocha Rodríguez Pérez, a quien en su momento se le formularán también imputaciones.

Los fiscales adscritos al Juzgado son Ronald Enrique Martín Quiñonez y Aarón Padilla Zapata. Durante la comparecencia, explicaron que el 18 de enero de 2017, alrededor de las 11 de la mañana y en el área habilitada como taller de mantenimiento del CBTA 87, los imputados realizaron vejaciones en contra de la víctima al sujetarlo del cuello con una cadena que, a su vez, afianzaron con candado a una reja. Todo esto lo hicieron mientras grababan con un celular, entre risas y burlas.

Los imputados tienen medidas cautelares como la prohibición de salir del estado y de acercarse a la víctima y testigos. También deberán presentarse a firmar ante el Ministerio Público con sede en Valladolid y presentar una garantía económica por dos mil pesos.

Escalante Arroyo aguantó durante cuatro años el bullyng en su contra al tratarse de una persona especial (con problema auditivo) de parte de sus propios compañeros de trabajo.

Del caso, según se informó, tuvo conocimiento el entonces secretario de Educación Pública, Víctor Caballero Durán, así como Wilberth Chi Góngora, representante federal en Educación Media Superior pero nunca intervinieron en el caso.

Entre los involucrados están Jaime Melchor Rejón Rodríguez, Jose Enrique Briceño Alcocer, Manuel de Atocha Rodríguez Pérez, Carlos Arturo López Céspedes, Albino Cervera Mendoza y Mario Alberto Alcalá Tinah, este último secretario general de la sección 33 en el CBTA.

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