Infonavit acatará sentencia de la SCJN sobre atribuciones de la Auditoría Superior

Publicado septiembre 09, 2020, 9:12 pm
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MÉXICO.- El día de hoy la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 157/2020, que había sido negado en primera instancia al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), confirmando la sentencia recurrida.

Dicho amparo fue promovido en su momento en contra de la publicación del Programa Anual de Auditoría para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2018 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 enero de 2019, mismo que incluía dos auditorías en el Instituto.

El recurso fue promovido el 28 de enero de 2019 en congruencia con la estrategia establecida por el Consejo de Administración del Instituto en su resolución RCA-6787-10/18, emitida en su sesión ordinaria número 811 celebrada el 31 de octubre de 2018. En primera instancia, la juzgadora negó el amparo el 13 de junio de 2019.

En consecuencia, el Instituto interpuso un recurso de revisión reiterando como principal argumento que la ASF no tenía competencia para fiscalizar al Infonavit debido a que éste no recibe, administra o ejerce recursos públicos federales.

Tras la negación, el Infonavit solicitó a la SCJN que ejerciera su facultad de atracción en este caso. Al respecto, el 29 de enero de 2020, la Segunda Sala de la SCJN reasumió la competencia originaria respecto al amparo en revisión.

Aunque la sentencia de la SCJN versa sobre el alcance de las atribuciones de la ASF de fiscalización sobre el Instituto, esta decisión es relevante ya que brinda mayor certeza legal sobre las aportaciones patronales que el Infonavit recibe, refrendando que son patrimonio de las y los trabajadores.

La sentencia del Máximo Tribunal será acatada en sus términos y dentro del plazo legal correspondiente, con el respeto que debe prevalecer frente a toda determinación de carácter jurisdiccional.

El Infonavit es una institución de solidaridad, servicio y seguridad social del Estado, que tiene como objetivo otorgar crédito barato y suficiente para que las y los trabajadores del sector formal puedan acceder a una vivienda adecuada y formar un patrimonio. Asimismo, es la hipotecaria más grande en América Latina y la cuarta en el mundo, desde su creación en 1972 a la fecha, el organismo ha colocado más de 11 millones de créditos en México.