La creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, aprobada en la Cámara de Senadores, no tiene por propósito satanizar a quienes adeudan la pensión alimenticia, si no que se pongan al día con el pago, así como defender los derechos de los menores de edad, comentó la diputada panista por el Distrito 13, Carmen González Martín.
En días pasados, los senadores aprobaron por unanimidad la creación del Registro, quienes aparezcan ahí no podrán obtener licencias y permisos para conducir, pasaporte o documento de identidad y viaje; para participar como candidatos a cargos concejiles y de elección popular, así como participar en procesos de selección para asumir el cargo de juez o magistrado en el ámbito local y federal.
La legisladora, presidenta de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación el Congreso del Estado, comentó: “Quien no esté al día con su pensión, que la pague. Puede haber casos de padres desajenados de los hijos y de la pensión, no se podrá cambiar ciertas formas de pensar y atender a los hijos. Estamos enfocados en garantizar que quienes no se pongan al día, lo hagan y en menos de seis meses veremos los resultados”.
En la iniciativa de la “Ley 3 de 3”, que promovió para erradicar a los violentadores del poder público, se planteó la posibilidad que los deudores alimentarios morosos no puedan competir a cargos de elección popular ni por designación en los gobiernos municipales y estatal, ni en organismos autónomos locales.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la votación unánime que realizaron los integrantes de la Legislatura 63 del Congreso del Estado, pues la ombudsperson Rosario Piedra Ibarra expuso que lo anterior no era un recurso exigible para ocupar un cargo en la administración pública.
“Cuando la CNDH promovió el recurso de inconstitucionalidad, precisamente en el tema de deudores alimentarios, nosotros dijimos: ‘Se está vulnerando el derecho de las niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos’ y también los derechos de las mujeres», expuso la entrevistada, quien recordó que Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en favor del Poder Legislativo Local.
Lo aprobado en la Cámara Alta da pie a que se reformen otras leyes, pues en Yucatán, con la aprobación de la “3 de 3”, sólo se modificaron cuatro leyes secundarias y faltan otras más trabajar. Será el turno de cada fracción o representación parlamentaria trabaje en las propuestas de reforma, comentó.
Sobre el Padrón Estatal de Deudores Alimentarios, Carmen González señaló que es necesario, pese al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. “Pero al no conocer cómo se hará dicho registro. Yo creo que viene una reforma más profunda en cuanto a este asunto”.
Sin embargo, a nivel estatal ya existe un padrón, que está a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y no puede hacerse público por la protección de datos personales y de los derechos humanos, comentó.
