Revocan placas de taxis ilegales, otorgadas por el gobierno rolandista

La administración de Mauricio Vila anuncia el retiro de 593 concesiones de taxis y seis de rutas de transporte público, porque no cumplen con lo establecido en la ley, como prestar el servicio y garantizar condiciones de seguridad para el usuario. No hay afectación a la gente, porque las concesiones no están activas.

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Por no cumplir con los requisitos que establece la ley, el Gobierno del Estado anunció que retiró 593 concesiones de taxis y seis de rutas de transporte público que no prestaban el servicio a los usuarios.

En el caso de los taxis, las concesiones revocadas fueron otorgadas por la administración rolandista, pero los beneficiarios de dichos permisos nunca le dieron seguimiento a los requisitos que establece la ley para poder prestar el servicio y, en consecuencia, quedaron inactivas, es decir, que no estaban a disposición de los usuarios.

Esta medida se informó en rueda de prensa ofrecida hace unos minutos en Palacio de Gobierno.

El gobierno aseguró que esta medida no afecta a los usuarios porque dichas concesiones no se estaban ejerciendo, es decir, que no estaban prestando el servicio.

Las seis rutas de transporte donde se retiraron las concesiones involucran a dos autobuses y cuatro camionetas tipo Van.

Ciudadanos afectados

Cuando las leyes no se cumplen, son los ciudadanos los que pierden, señaló Aref Karam Espósitos, director de la Coordinación Metropolitana del Estado de Yucatán (Comey), quien fue el encargado de anunciar la depuración de taxis y de concesiones del transporte público. Estuvo acompañado de la secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, y el consejero jurídico, Mauricio Tappan Silveira.

Aseguró que la revocación se hace conforme a la ley, y mencionó que en el caso de las 593 concesiones de taxis revocadas corresponden a las otorgadas en una convocatoria que hizo la administración anterior (del priista Rolando Zapata Bello), pero hasta hoy esos concesionarios no han prestado el servicio público de transporte de pasajeros, privando a los usuarios de dicho servicio y ocasionando severos perjuicios al interés social.

Al no estar activas las concesiones, agregó, se incumple lo que establecen los artículos 74 y 77 de la Ley de Transporte del Estado.

Adicionalmente, los 593 concesionarios de taxis contravinieron lo dispuesto en las Condiciones Generales de Operación descritas al reverso del título de concesión: no se presentaron dentro del término de 10 días hábiles para la inspección de sus vehículos ante la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de acreditar que cumplían con los requisitos para la prestación del servicio, de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Transporte del Estado.

Tampoco gestionaron ni obtuvieron las placas de circulación específicas del servicio público de transporte de pasajeros en un plazo máximo de 30 días.

A esta suma de irregularidades se añade que no cuentan con los seguros establecidos en el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Transporte del Estado ni gestionaron ni obtuvieron el certificado de capacidad, dimensiones y medidas establecido en la Ley de Transporte de la unidad autorizada.

En cuanto a las seis concesiones de rutas transporte urbano, en una revisión y actualización del registro de vehículos de transporte y el padrón de concesiones, permisos, constancias y certificados vehiculares, se detectó que hay concesiones que no prestan el servicio autorizado.

Estas son cuatro de “vans” (taxis de cobertura suburbana) y dos de autobuses. En ninguna de estas seis rutas se prestaba el servicio.

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