La revocación de mandato que viene

De esta manera se busca hacer activo el principio de democracia participativa, y efectivo el ejercicio del poder del pueblo.

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Sin recovecos/Columna
Por: Por Rafael R. Vega Valladares

El congreso yucateco dio la semana pasada el gran paso para una de las formas de participación ciudadana que por años ha demandado la sociedad y que pretende de alguna manera consolidar la vocación democrática que deben tener los gobiernos republicamos: la revocación del mandato por la vía del voto, como fuente de soberanía popular.

Una vez aprobado por el pleno de la LXII Legislatura y publicado en el Diario Oficial del Estado, el decreto entraría en vigor y sería aplicable para los presidentes municipales, regidores y síndicos, así como para diputados locales, a partir del primero de septiembre de 2021, siempre y cuando no hayan sido reelectos; en el caso del Gobernador de Yucatán, será aplicable hasta el primero de octubre de 2024.

Para hacer válidas las reformas constitucionales se requiere de la aprobación del 50% más uno de los 106 ayuntamientos del Estado, es decir, se requiere que 54 cabildos lo aprueben, y con esto Yucatán se sumaría a otras 10 entidades que han sumado esta forma de participación ciudadana a su vida democrática, como la Ciudad de México, Oaxaca y Colima, entre otras.

Este mecanismo, que permite poder interrumpir el período para el que fue electo un gobernante, por medio del voto directo, es estudiado también a nivel federal, como parte de una de las propuestas presentadas durante su campaña política el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.

Especialistas en temas electorales, sostienen la necesidad de aplicar una reforma electoral como una manera de atender la percepción social de que los partidos políticos perdieron sus objetivos originales de representar a la sociedad y sólo buscar los intereses de sus dirigentes y sus grupos.

De la Secretaría de Gobernación se desprende una propuesta que busca ser una especie de atención a la demanda social de reducirles sus prerrogativas a los partidos y de contar con mejores estrategias para revisar los fondos que reciben y, aunque al final, pese a que parecen medidas extremas, pueda servir para atenuar la desgastada imagen de los políticos en México.

Asesores de esta dependencia proponen como pilares fundamentales en esta reforma impulsar la transparencia y la rendición de cuentas, pero principalmente reducir a los partidos políticos el financiamiento público en período ordinario y en el electoral.

Este control se realizaría desde las arcas federales y el presupuesto se basaría en los porcentajes de votación que aporten los comicios, aunque también se ha propuesto que se elimine el financiamiento que otorgan los gobiernos locales.

Según la propuesta electoral de Gobernación, se busca también contar con un solo órgano que convoque y organice los comicios lo que reduciría el oneroso gasto en los comicios y habría mejor fiscalización de los recursos asignados a las votaciones.

Esta iniciativa camina en forma paralela a la que la fracción de Morena ha presentado a la Cámara de Diputados para legislar sobre la revocación de mandato y responder así a la propuesta de campaña del presidente López Obrador.

En su exposición de motivos sostiene que “la sociedad mexicana se ha dolido históricamente de la imposibilidad de exigirle cuentas y responsabilidades al Titular del Poder Ejecutivo cuando es evidente que está llevando a cabo una mala conducción del País, por incorrecta toma de decisiones políticas; por graves omisiones o tolerancias; y/o por notoria mala administración de los recursos públicos”.

De esta manera, asegura que con la revocación de mandato se busca hacer activo el principio de democracia participativa, y efectivo el ejercicio del poder del pueblo: “la revocación de mandato es la manifestación plena de la voluntad social, en tanto que permite a la ciudadanía sustituir, democráticamente, a los gobernantes previamente elegidos popularmente”.

Otro argumento es la aplicación de esta herramienta en varios estados de la Unión Americana, en Canadá, Venezuela, Argentina y en Europa, Suiza. Por cierto, en Yucatán esta figura fue incluida desde 1938, pero nunca se aplicó por no estar precisamente contemplado en la Constitución Federal, por lo que fue declarada inconstitucional.

La propuesta morenista respeta los acuerdos internacionales incorporados como fuente de derecho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros postulados constitucionales como los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; las tasas impositivas y los montos del financiamiento público ; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.

A esto último, será el máximo órgano judicial el que decida si procede o no la solicitud de esta consulta que, de acuerdo con la iniciativa morenista, podrá ser presentada por el presidente de la República, el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o los ciudadanos, inscritos en la lista nominal de electores, en un número equivalente, al menos, al treinta y tres por ciento de los de los votos válidos emitidos en la elección en la que el Presidente de la República hubiera obtenido su triunfo, es decir, poco más de 10 millones de votantes.

La revocación de mandato puede representar en los próximos meses el principal objetivo político-legislativo de la nueva clase gobernante de México, en una democracia considerada onerosa, aun cuando falta mucho por la profesionalización de los órganos electorales y la carente convicción de la ciudadanía para participar en los comicios.

Como se sabe, lejos estamos de tener mexicanos que voluntariamente quieran participar como funcionarios de casillas y hoy todavía hay que convencerlos –incluso pagarles una pequeña cuota- para participar en cada elección.

Si bien la revocación de mandato consagra la soberanía popular, es necesario reforzar el complicado sistema electoral y seguir apostando a su ciudadanización, antes de brincar a otros niveles en los que podamos encontrar nuevos problemas y fallas en la deteriorada democracia mexicana.

¿Por qué no trabajar en la cultura de la participación ciudadana voluntaria antes de dar el siguiente paso?

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