La expropiación a una empresa es siempre una mala señal para los inversionistas y la Iniciativa Privada, aseveró Beatriz Gómory Correa, presidenta de Coparmex-Mérida, quien expuso que, una noticia de este tipo ocasiona no solo mayor incertidumbre, sino también una falta de certeza jurídica dijo.
Gómory Correa expuso que, “un decreto de expropiación nunca va a generar confianza, por no da señales de certeza jurídica”, subrayó. Por eso las afectaciones se ven inmediatas, la confianza país cae, además de las condiciones de seguridad para otras empresas, ya que, la intervención a la empresa -Grupo México-, afecta a otras grandes empresas, como son las socias de este grupo y que prestan servicios en esa zona.
Por eso, necesitamos generar señales que den confianza y no lo contrario, apuntó la dirigente empresarial.
Tras el anuncio el pasado viernes 19 de la intervención de la Secretaría de Marina a un tramo de 160 kilómetros de vías férreas en la zona del Istmo de Tehuantepec, la Confederación Patronal de la República Mexicana y el Consejo Coordinador Empresarial del país emitieron posicionamientos rígidos por las acciones tomadas por el gobierno federal en contra de una empresa concesionaria de este tramo de comunicación férrea.
En este sentido, Gómory Correa señaló que, lo que necesita el sector empresarial es certeza, agregó, certidumbre, por lo tanto, esperamos que se clarifique la situación. Hasta este momento, no se emitido ningún comunicado por parte de la empresa afectada para conocer las condiciones y establecer una mayor claridad sobre el impacto y la situación de afectación que implica este decreto de intervención, enfatizó.
En lo general, debemos de crear certidumbre y los decretos de expropiación solo generan lo contrario, subrayó la presidenta del CCE Yucatán.
Esta nueva agresión contra Grupo México genera una segunda demanda jurídica interpuesta por este corporativo contra el gobierno federal. En 2021 el consorcio integrado por Grupo México y Acciona Infraestructura presentaron dos demandas contra el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) por el monto de indeminización luego que el gobierno federal decidió terminar su participación en la construcción del tramo 5 de la obra ferroviaria federal para dárselo al Ejército mexicano.
De esta forma, la Sedena asumió el control de la obra y contrató nuevas constructoras para el nuevo trazo que corre entre 5 y 8 kilómetros selva adentro. Las empresas demandantes se integraron como consorcio bajo el nombre Desarrollo del Sureste Playa del Carmen-Tulum (DSPCT) y ganaron en febrero de 2021 el contrato de 17 mil 815 millones de pesos para el tramo de 67 kilómetros que en aquel entonces correría por la carretera federal 307.
Sin embargo, meses después el mismo gobierno canceló la adjudicación y designó a la Sedena como nueva responsable de obra, manifestó.
