Asociaciones externan su rechazo al Tren Maya

Publicado junio 02, 2020, 5:16 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 9 mins

MÉRIDA.- En el marco de la visita prevista del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para “dar banderazo” de salida a su proyecto denominado “Tren Maya,” las y los suscritos, organizaciones no gubernamentales, colectivos indígenas y populares, comunidades de base, académicos y académicas, personas en lo particular, señalaron lo inoportuno de dicha visita en medio del momento más crítico de la pandemia de la COVID-19 y realizaron el siguiente comunicado:

“El “Tren Maya”, ha sido presentado como uno de los principales proyectos de la actual administración federal. En el discurso, la obra servirá para “detonar el desarrollo del sureste y potenciar el turismo y el desarrollo económico de la región”. Sin embargo, durante el avance del proyecto se han atropellado los derechos y garantías de la población y se ha violentado el Estado de derecho. Es por las siguientes razones que expresamos nuestro rechazo al proyecto:

PRIMERO. Siendo que existen diversos amparos en los que jueces federales han ordenado la suspensión de muchas de las actividades del proyecto y que la CNDH ha ordenado como medida cautelar, la suspensión de actividades no esenciales del proyecto, la visita del Señor Presidente atentaría contra el orden Constitucional.
El objetivo de su visita desdeña y desacata órdenes judiciales y del Ombudsperson afectando el delicado balance y el equilibrio del ejercicio de poder en nuestro país. El avance del proyecto que se fuerza desde el gobierno federal se cobija en la disminuida actividad del Poder Judicial Federal por la emergencia sanitaria, y las consecuentes repetidas negativas de juzgados federales de Campeche y Yucatán de recibir demandas de amparo en contra del proyecto. Es preocupante el ambiente que se cimbra en la conciencia nacional por las faltas de independencia judicial y de garantía de acceso a la justicia en el contexto de este proyecto.

En este mismo sentido, por causa de la pandemia, han sido canceladas las reuniones informativas y mesas de discusión, y se ha establecido que los términos para obtener información no corren, lo cual limita el acceso de la población involucrada a información cabal, suficiente y oportuna.

SEGUNDO. El megaproyecto en cuestión, aunque afecta de manera directa a comunidades indígenas de al menos 4 de las 5 entidades federativas se ha ido erigiendo sin la participación de los pueblos originarios y de otros sectores de la sociedad en el diseño y planeación de un proyecto de desarrollo. Para este proyecto no existió un diálogo preliminar con las comunidades para tomar su parecer y conocer sus necesidades y pasando por alto el derecho que tienen a decidir libremente su futuro, violando un derecho que se encuentra constitucionalmente protegido, que es el derecho a la libre determinación.

Sobre este particular, es preciso recalcar que las reuniones realizadas por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del año pasado, no pueden ser consideradas como un proceso de consulta indígena, en principio.

porque se efectuaron a través de instancias no representativas de las comunidades y pueblos. En segundo porque no se cumplió con los estándares mínimos del derecho a la consulta, establecido en el Convenio 169 de la OIT, situación que incluso fue señalada por la Oficina para México del Alto Comisionado de Naciones Unidas . Así también, 1 porque durante las mismas, los funcionarios presentes aceptaron no tener toda la información sobre el diseño de la obra, la ruta del tren y, los impactos ambientales y socioeconómicos. Los procesos de consulta (y de pagos simbólicos por derechos de vía) a ejidos y comunidades indígenas continúan durante la emergencia sanitaria en contra de las recomendaciones de organismos internacionales y sin otorgar información suficiente con respecto a las afectaciones. Aún siguen sin definirse la ubicación y número de los llamados polos de desarrollo así como el funcionamiento de las FIBRAS (Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces) que estimamos son acciones para “bursatilizar la tierra” y contra los cuales se ha pronunciado con una opinión negativa el mismo Procurador Agrario (19 mayo 2020).

Decidir el futuro de las comunidades y pueblos indígenas unilateralmente, afirmando que serán los principales beneficiados de un proyecto que desconocen y en el cual su papel principal será el de la mano de obra barata, significa reproducir la discriminación sistémica que ha impulsado por años el Estado mexicano y que les ha negado a esos pueblos ser los dueños de su propio destino y futuro. La actual administración dilapida una oportunidad histórica de hacer las cosas de manera distinta y generar condiciones adecuadas para llevar a cabo un diálogo intercultural que permita generar condiciones de desarrollo a partir de las realidades, especificidades, historias y prácticas de esos pueblos. Según los mismos informes del gobierno federal, los miles de empleos que supuestamente se crearían, muy probablemente serían empleos precarios, mal pagados, temporales y sin garantías de seguridad social para las y los trabajadores, es decir que tampoco contribuiría al desarrollo regional, como se ha dado en otros proyectos impulsados por el FONATUR.

TERCERO. Existen serios cuestionamientos en torno a la viabilidad ambiental del proyecto denominado Tren Maya. Esta afirmación tiene sustento no sólo en lo señalado por académicos, académicas y comunidades desde sus instituciones de forma independiente, sino también por instancias del propio gobierno federal. Al respecto es preciso recordar que existe un estudio realizado por un grupo de 30 científicos convocados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para determinar el impacto del Tren Maya en los territorios donde se planea su construcción, mismo que concluye que existen riesgos ambientales y sociales en este proyecto de desarrollo. Éste y otros estudios concluyen que el Tren Maya propiciará la degradación, deforestación y fragmentación de veintitrés Áreas Naturales Protegidas, entre las cuales se encuentran Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo como Yum Balam, Manglares de Nichupté, Uaymil y las Reservas de la Biosfera de Sian Ka’an y Calakmul, ambas patrimonio de la Humanidad, así como siete Regiones Terrestres Prioritarias, y once Regiones Hidrológicas Prioritarias, a tal grado que podría convertirlas en áreas biológicamente inhóspitas. Estos estudios resaltan que no existe información suficiente acerca de los distintos proyectos económicos que este conllevaría, como las nuevas ciudades, los parques industriales y nuevos enclaves de desarrollos turísticos. Asimismo, los estudios exponen riesgos para la identidad cultural y posible mercantilización de la propia cultura.