Operador financiero de Rolando Zapata, involucrado en la mafia inmobiliaria costera

Publicado noviembre 17, 2018, 9:10 am
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Tres posesionarios que ocupan un terreno nacional que reclama la Secretaría de Marina Armada de México, para la construcción de una estación naval en Dzilam Bravo, tendrán que “devolver” los predios comprendidos en una superficie que le fue despojada a la nación mediante argucias legaloides, en las que participaron funcionarios de la recién concluida administración de Rolando Zapata Bello.

Entre esos posesionarios está Ricardo Nevárez Cervera, operador financiero de Rolando Zapata, tanto como titular del Ejecutivo como cuando aspiraba a la gubernatura.

Los otros posesionarios son el empresario Emilio Blanco del Villar, director general del Centro de Soluciones Inalámbricas, y Rodrigo Cortés Mena, de Grupo Corme.

La superficie que solicita la Marina es de 4.5 hectáreas y, de acuerdo con el reglamento de la Ley agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural, por ser una dependencia federal tiene preferencia en la posesión de un terreno perteneciente a la nación, como lo es el citado lote de Dzilam Bravo.

Esas tierras forman parte del millonario negocio de la mafia inmobiliaria en la costa yucateca, manejada por funcionarios rolandistas que pretendían robarle a Yucatán y al país una franja de 2.5 kilómetros de terrenos nacionales ubicados frente al mar.

Sin embargo, el gobierno federal, a través de la Sedatu, está por echar abajo las frustradas transacciones millonarias que se hicieron al margen de la ley, operadas por Mario Peraza Ramírez, ex director del Catastro del Estado, mediante la inmobiliaria Uredi, cuyo apoderado legal es Julio Ricardo Presuel Moreno, supervisor de administración y obras de la Japay, junto con su esposa Guadalupe González, ex directora administrativa de la Consejería Jurídica.

La Sedatu confirmó que son nacionales los terrenos que fueron inscritos ante el Registro Público y asentados en el Catastro mediante maniobras legaloides. De hecho, Dzilam Bravo carece de fundo legal y todos los terrenos son nacionales.

La dependencia federal ya solicitó que se abra un procedimiento que podría resolverse por la vía civil anulando todas las escrituras de dichos predios, pero también se procedería por la vía penal en caso de que hubiera de por medio falsificación de firmas de la Sedatu para registrar los terrenos de la nación a favor de particulares.

Este despojo al patrimonio nacional se dio a conocer luego de que la Secretaría de Marina solicitó un terreno para construir en Dzilam Bravo una estación de vigilancia, ante el aumento de actividades ilegales de pesca y otros ilícitos.

En la operaciones al margen de la ley también está involucrado el ayuntamiento de Dzilam Bravo, que mediante sesiones de Cabildo declaró como parte del fundo legal de dicho puerto los citados terrenos nacionales, pero sin consultar a la Sedatu.

Luego de que dichos predios fueron convertidos en parte del fundo legal, en otra maniobra sospechosa fueron cedidos en donación a Uredi y otras inmobiliarias que, a su vez, los pusieron en venta y solicitaron la escrituración ante el Catasto y el Registro Público.

Sin embargo, la Sedatu indica que esas operaciones se hicieron al margen de la ley porque no se notificó a la dependencia federal que es la única encargada de desajenar predios de la nación.

Por ahora estos millonarios negocios de la mafia inmobiliaria costera, operada por funcionarios rolandistas, están por irse al caño, con todas las implicaciones jurídicas y civiles que eso conlleva, pues incluso pueden ser acusados de fraude por aquellos a los que les vendieron y escrituraron predios pertenecientes a la nación.

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