A cinco días del arribo del presidente Andrés Manuel López obrador a Yucatán, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se convierte en el verdadero destructor del patrimonio histórico, ya que con maquinaria pesada se construyó el ilegal acceso al Grupo de la Serie Inicial de Chichén Itzá, a inaugurarse el próximo sábado 2 de septiembre, denunciaron custodios de la dependencia federal así como artesanos y vendedores que laboran en el sitio.
La autorización fue dada por la titular del Centro Yucatán del INAH, la arqueóloga Anna Goycoolea Artís, a pesar que no cuenta con la autorización del Consejo Nacional de Arqueología y mucho cuenta con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Al mismo tiempo, la funcionaria federal viola la Ley Federal de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, ya que con maquinaria pesada, elementos del Ejército Mexicano arrasaron con la vegetación de la zona arqueológica, declara en 1988 como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con tal de construir un acceso de 1.2 kilómetros de largo, obra que es custodiada por la Guardia Nacional.
En su desesperación por tener listo el sitio denominado “Chichén Viejo”, Goycoolea Artís autorizó la construcción del acceso alterno, para evitar pasar por la propiedad de la empresaria Isabel Barbachano, sin medir la consecuencia, ya que se daña un área no explorada y llena de vestigios arqueológicos.
De acuerdo con los denunciantes, recientemente se anunció la apertura al público del área conocido como Grupo de la Serie Inicial, que es un conjunto palaciego que se distribuye en aproximadamente dos hectáreas, ubicada a una distancia de kilómetro y medio del área central, y en la antigüedad se llegaba a ella por sacbes.
A partir del anuncio de su próxima apertura al público y de la visita presidencial, la familia Barbachano intentó un acercamiento con Goycoolea Artís, señalando que el camino por el cual se llega a Chichén Viejo desde el área conocida como Las Monjas es propiedad de la familia Barbachano a lo que el INAH respondió tajantemente que expropiaría el terreno si la familia no cooperaba.
En respuesta, la empresaria cerro el camino y colocó letreros donde se avisa que “No pasar propiedad privada, los invasores serán procesados conforme a la ley”.
Ante la incapacidad del INAH, se realiza el plan B: realizar un nuevo camino ya en terrenos propiedad del Instituto, para comunicar el área central del sito arqueológico con Chichén Viejo.
Sin embargo, con este nuevo camino se destruye una gran cantidad de vestigios antiguos de la civilización maya Itzá, con la complacencia de los investigadores del sitio, la autoridad local del INAH – Yucatán y del Proyecto de Salvamento Arqueológico del Tren Maya, pasando por alto toda la normatividad de un sitio declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.
La acción demuestra y corrobora lo denunciado por el arqueólogo del INAH, Fernando Cortés Brasdeffer, quien en días pasados denunció la destrucción de miles de vestigios arqueológicos en las obras del tramo siete del tren maya.
