Radar Político/Columna
Luego de varios meses de polémica, incluso podríamos decir que año, este lunes los responsables de la granja Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) de Homún, por fin dieron la cara.
Y no lo hicieron voluntariamente, sino que fue a convocatoria de la Comisión Especial Plural para el Seguimiento del Conflicto en el Municipio de Homún, creada en el Congreso.
Un representante de la mega granja, Ricardo Díaz Montes de Oca, se sentó en la mesa junto con los otros involucrados, los concesionarios de cenotes que afirman que hicieron una consulta, avalada por un notario, en la que 800 ciudadanos de Homún externaron su oposición a las instalaciones porcícolas.
En la reunión también participaron investigadores y ambientalistas, así como la titular de Seduma, Sayda Rodríguez Gómez.
Llamó la atención que durante la reunión, a las puertas del Congreso se manifestara un grupo de vecinos de Homún que están a favor de la granja.
Por lo pronto las actividades en las instalaciones porcícolas están suspendidas por un orden de un juez, tras un amparo que interpusieron vecinos de Homún en demanda de protección a la niñez y su derecho al agua limpia.
La situación es mucho más complicada que los buenos deseos e intenciones que manifestaron quienes ven el problema desde fuera, porque al menos los involucrados directos, es decir, los concesionarios de cenotes y los directivos de PAPO no cedieron en nada en sus posturas.
En términos fríos podríamos decir que la reunión de ayer no aportó en nada a la solución del conflicto, que se gestó durante el gobierno del recién salido Rolando Zapata Bello, y es una de las muchas bombas de tiempo que su gobierno dejó a su sucesor.
Y tal vez no se resolvieron porque pensaron que el PRI retendría la gubernatura, y que al sucesor priista no le quedaría de otra que apechugar y callar.
