El asesor legal de Greenpeace México, Luis Miguel Cano, confirmó que el amparo para detener la construcción del tramo 5 del Tren Maya continúa firme con una ampliación a favor de suspender definitivamente los trabajos que dictaron las autoridades pertinentes.
“Este amparo, además de declarar la inconstitucionalidad de las obras del Tramo 5 del Tren Maya, busca que se reformen leyes y que se sienten precedentes para los proyectos del futuro. Las personas tenemos derecho a obtener información y a participar de ellas si éstas tienen impacto en nuestras vidas. Puede pensarse que el Tren Maya impactará sólo a la gente que vive en la Península de Yucatán, pero no es así: se impacta a toda una región, la crisis climática no conoce de fronteras”, afirmó.
En una rueda de prensa realizada en la Ciudad de México, activistas de Greenpeace México confirmaron la admisión de la ampliación de la demanda que se dio el pasado viernes 29 de julio con el número de expediente 1216/2022, la cual sostiene que la autorización en materia de impacto ambiental recaída a la manifestación de impacto ambiental modalidad regional (MIA-R) del proyecto Tren Maya tramo 5 sur resulta inconstitucional al menoscabar los derechos a la información y participación pública en asuntos ambientales.
Estos son reconocidos en los artículos 6 y 7 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (el Acuerdo de Escazú), a partir de los cuales se deben interpretar los Artículos cuarto, sexto y 35 de la Constitución General.
Dicha ampliación solicita al Juez que –al menos– se dicten las siguientes medidas de reparación para salvaguardar los derechos humanos a través de los siguientes puntos:
-Que se declare la inconstitucionalidad de las disposiciones normativas reclamadas: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento;
-Que se ordene al Congreso de la Unión que adopte las medidas legislativas necesarias para adecuar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA) a los estándares establecidos en los artículos 6 y 7 del Acuerdo de Escazú, con respecto a los mecanismos de participación informada que se requieren dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental;
-Que el presidente de la República ajuste el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA) a los estándares establecidos en los artículos 6 y 7 del Acuerdo de Escazú, con respecto a los mecanismos de participación informada que se requieren dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental;
-Que se ordenen medidas de restauración o remediación de los ecosistemas comprometidos por la autorización en materia de impacto ambiental recaída a la manifestación de impacto ambiental modalidad regional del proyecto Tren Maya tramo 5.
Hace unos días el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, dijo en un tweet que un juez de Mérida, Yucatán, consideró que fueron atendidas las condiciones establecidas por lo que deberá continuar la construcción del tren maya en el tramo 5 de acuerdo a los amparos antes establecidos con los números 884/2022, 923/2022, y 1003/ 2022 donde se habían suspendido definitivamente los trabajos para su construcción.
A su vez, el director general de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez, reafirmó que la obra siempre ha sido legal y que ahora fueron atendidos todos los requerimientos del juez para no dejar duda.
“No hay elementos para ninguna suspensión, toda vez que el Tren Maya es una obra pública que respeta el medioambiente y que será inaugurada en 2023”, aseguró.
