[vc_row][vc_column][vc_column_text]Yucatán figura entre los 20 estados de República Mexicana que pagaron dos mil 093 millones 188 mil 291 de pesos en salarios y prestaciones que estuvieron fuera de la ley con dinero federal etiquetado para salud y programas sociales.
Estas anomalías, publica el sitio web Sin Embargo, fueron detectadas en el ejercicio 2017, es decir, en el penúltimo año de la administración priista de Rolando Zapata Bello, y un año antes de que se realizara el proceso electoral de 2018.
No es la primera vez que se evidencian desvíos del gobierno rolandista en materia de salud, pues a finales de septiembre publicamos que, al estilo Javier Duarte, en 2015 la administración de Zapata Bello transfirió más de 150 millones de pesos destinados al estudio sobre enfermedades graves y otros servicios del sector salud, a un grupo de 58 compañías que no tenían ni los especialistas ni experiencia para realizar ese trabajo, y que decían dedicarse – en el papel- a servicios de construcción, comercio de mariscos y hasta plomería.
Sobre las nuevas anomalías, el sitio Sin Embargo publica que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la revisión de la Cuenta Pública de 2017 del gasto federalizado, en el 62.5 por ciento de las entidades del país se encontraron por lo menos 11 maneras en que el dinero del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, del Seguro Popular y Prospera, en su componente de salud, sirvió para pagar salarios.
Por ejemplo, en sueldos pagados a personas de las que no se encontró prueba alguna que demostrara que trabajaron, se fue un total de mil 291 millones 713 mil 873 pesos; en pagos con dinero que no podía ser utilizado para eso, se detectaron 400 millones 911 mil 437 pesos; en pagos de indemnizaciones u otras prestaciones que no estaban contempladas pagar con dinero federal, se fueron 107 millones 243 mil 368 pesos y de la misma manera, 76 millones 954 mil 215 pesos quedaron en manos de personal sindicalizado.
El resto de las maniobras para pagar salarios son sueldos que superan el monto establecido por ley; cheques que no fueron ni cancelados ni reintegrados; sueldos a personas que no cumplían con el perfil académico solicitado para la plaza; pagos a personal que ya estaba dado de baja; sueldos a personal del que nunca se encontró un contrato o alguna documentación comprobatoria de haber trabajado; pagos a personal con licencia sin goce de sueldo o con baja temporal y en pagos duplicados.
La cantidad total son dos mil 093 millones 188 mil 291 pesos más los rendimientos financieros “que se hubiesen generado desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación”, según lo indica la auditoría.
Los 10 estados que lideran esa lista son Michoacán, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, San Luis Potosí, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca y Estado de México.
Les siguen la Ciudad de México, Jalisco, Zacatecas, Colima, Aguascalientes, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Chihuahua y Nayarit.
En Yucatán se detectó un daño al erario cercano al millón de pesos.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
