Debido al procedimiento de las autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que derivaron en la clausura de sucursales de Grupo Boxito, empresa con más de 40 años en el mercado local y regional, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR) de Mérida, pide una revisión del caso y actuar conforme a la ley, pues con el cierre de tiendas se ponen en riesgo fuentes de empleos.
El presidente de la CANACO Mérida, Michel Salum Francis, señaló que como organismo empresarial siempre estarán a favor de la legalidad, por ello es importante que el IMPI escuche a las dos partes y emita una resolución apegada a la ley en la materia.
Consideró primordial una revisión a la ley de propiedad industrial, para analizar si se requiere adecuarla, ya que actualmente en el mercado hay productos similares, de otras marcas, que aun cuando se parezcan siempre tienen una característica diferente, y eso no se puede considerar como piratería, y ejemplos hay muchos.
Salum Francis indicó que la CANACO Mérida brindará su apoyo a Grupo Boxito para encontrar una solución de acuerdo a la ley, y puedan reabrir a la brevedad posible las tiendas, pues la firma yucateca en sus más de 40 años en el mercado se ha caracterizado por ser una empresa que creció a base de trabajo, de ahí que goza de buena reputación y nunca ha incurrido o se ha involucrado en algún escándalo, manteniendo un currículum empresarial intachable.
Por ello, esta cámara continuará levantando la voz con la forma en la que muchas veces se aplica la ley, pues mientras los comerciantes establecidos, que si cumplen con el pago de los impuestos reciben notificaciones, emplazamientos y suspensión de actividades por el mínimo detalle, los ambulantes y el comercio informal gozan de total impunidad porque al no tener domicilio fiscal para ser notificados nadie los molesta y pueden seguir con sus ventas.
Michel Salum reiteró que CANACO Mérida pide que el caso de Boxito tenga un trato justo, con total transparencia y apego a la ley, en igualdad de condiciones para las partes involucradas, porque no se puede poner en riesgo la estabilidad de una empresa ni su prestigio, mucho menos en riesgo a las fuentes de trabajo que genera, de la cual depende una gran cantidad de familias yucatecas.
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