[vc_row][vc_column][vc_column_text]El gobierno federal, a través de la Sedatu, está por echar abajo millonario negocio de la mafia inmobiliaria en la costa yucateca, manejada por funcionarios rolandistas que pretendían robarle a Yucatán y al país una franja de 2.5 kilómetros de terrenos nacionales ubicados frente al mar, en Dzilam Bravo.
Las frustradas transacciones millonarias, que se hicieron al margen de la ley, fueron operadas por Mario Peraza Ramírez, ex director del Catrastro del Estado, mediante la inmobiliaria Uredi, cuyo apoderado legal es Julio Ricardo Presuel Moreno, supervisor de administración y obras de la Japay, junto con su esposa Guadalupe González, ex directora administrativa de la Consejería Jurídica.
La Sedatu confirmó que son nacionales los terrenos que fueron inscritos ante el Registro Público y asentados en el Catrastro mediante maniobras legaloides.
La dependencia federal ya solicitó que se abra un procedimiento que podría resolverse por la vía civil anulando todas las escrituras de dichos predios, pero también se procedería por la vía penal en caso de que hubiera de por medio falsificación de firmas de la Sedatu para registrar los terrenos de la nación a favor de particulares.
Este despojo al patrimonio nacional, como informamos, se dio a conocer luego de que la Secretaría de Marina Armada de México solicitó un terreno para construir en Dzilam Bravo una estación de vigilancia, ante el aumento de actividades ilegales de pesca y otros ilícitos.
En la operaciones ilegales también está involucrado el ex alcalde de Dzila Bravo, Pedro Castillo Reyes, quien mediante sesiones de Cabildo declaró como parte del fundo legal de dicho puerto los citados terrenos nacionales, pero sin consultar a la Sedatu.
Luego de que dichos predios fueron convertidos en parte del fundo legal, en otra cesión fueron cedidos en donación a Uredi y otras inmobiliarias que, a su vez, los pusieron en venta y solicitaron la escrituración ante el Castrato y el Registro Público.
Sin embargo, la Sedatu indica que esas operaciones se hicieron al margen de la ley porque no se notificó a la dependencia federal que es la única encargada de desajenar predios de la nación.
Por ahora estos millonarios negocios de la mafia inmobiliaria costera, operada por funcionarios rolandistas, están por irse al caño, con todas las implicaciones jurídicas y civiles que eso conlleva, pues incluso pueden ser acusados de fraude por aquellos a los que les vendieron y escrituraron predios pertenecientes a la nación.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
