MÉXICO, 20 de marzo de 2020.- Hasta ahora, autoridades de la Secretaría de Salud han informado que la prueba confirmatoria para el COVID-19 se puede realizar en el sector público de todo país sin ningún costo, y a esto se
sumaron dos instituciones privadas, ambas en la Ciudad de México.
Por ahora en los estados la prueba solo se puede hacer en instituciones del sector público. En el caso de Yucatán, el único autorizado para realizar la prueba es el laboratorio estatal de salud.
Esta información es importante, por el riesgo de que el usuario sea víctima de una estafa, además de que se tiene que cuidar la calidad de la prueba, a fin de no dar un diagnóstico errado que en lugar de ayudar pueda propiciar la propagación del coronavirus.
Entre las instituciones a los que las personas pueden acudir a realizarse la prueba validadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico (Indre) están todos los Laboratorios Estatales de Salud pública de las 32 entidades federativas.
Así como los institutos nacionales de Enfermedades Respiratorias (INER) y de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán; los hospitales General de México, 20 de noviembre, del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el General La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En cuanto a instituciones privadas, hasta el momento, sólo el Centro Médico ABC, Campus Observatorio, y Hospital Ángeles Interlomas, ambos en la Ciudad de México, están validados.
Este jueves, durante la conferencia diaria sobre el nuevo coronavirus, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, señaló que el gobierno no prohíbe a las demás instituciones privadas realizar la prueba, sin embargo, estas tienen que pasar un control de calidad.
Esto, debido a que “nos preocupa que ocurra una estafa que consistiría en presentar un servicio que no tiene acreditación técnica y podría resultar en un daño a la población”.
Ya que, detalló, un resultado falso negativo podría llevar a una sobreconfianza de que no se tiene la enfermedad, y si esto ocurre en adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con comorbilidades crónicas puede llevarlos a perder la oportunidad de que ser atendidos oportunamente.
“Por supuesto, la otra preocupación pudiera ser una estafa en términos económicos”, apuntó.
