El Instituto Nacional Electoral (INE) aún tendrá que conocer los mecanismos mediante los cuales se realizará la elección de 700 cargos de jueces y magistrados, el próximo año, como parte de la reforma al Poder Judicial.
Según el presidente del órgano electoral, Luis Guillermo Alvarado Díaz, el próximo mes se publicará la convocatoria y se registrará a los aspirantes para dichos cargos, por lo que se espera que en breve se establezcan las reglas para este fin.
“Aún no salen los lineamientos correspondientes por parte de nuestras áreas ejecutivas a nivel central, pero estamos atentos y alertas. Esperamos que en noviembre estemos iniciando este proceso, el cual, será diferente. No tendremos representaciones de partidos políticos, como estamos viendo en el Consejo Local”, explicó.
Dijo que se tendrá que emitir un marco geográfico para desempeñar su papel, de modo que se pueda determinar la conformación de las casillas, la manera en la que se hará la votación, la recuperación de paquetes, la fiscalización a los aspirantes, la forma de la boleta, entre otras cuestiones.
Se dijo listo para la jornada electoral que se realizará el primer domingo de junio del 2025, en la que estarán participando más de 100 millones de personas con derecho a emitir su voto.
Remarcó que se trata de un proceso inédito, al cual se le dará la máxima publicidad con el fin de que los ciudadanos tengan la información que se requiere para garantizar su participación.
“Conjuntar en un ejercicio que no hemos hecho nunca, como instituto. Sin embargo, hay gente capacitada dentro del instituto que ya estamos trabajando en ello y vamos a tener que dar mucha difusión, mucha claridad y mucha certeza. Eso es lo que nos obliga en el momento procesal oportuno para que todos sepan que tienen la oportunidad de participar”, acotó.
Apenas esta semana, abrió la convocatoria para los poderes y a fin de mes se integrarán comités de evaluación del proceso.
Sin embargo, los candidatos quedarán definidos hasta febrero de 2025, los cuales tendrán 60 días de campaña y un gasto que asignará el INE con base en sus lineamientos.