[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bajo la ilegalidad se desarrollan los 20 megaproyectos de energía renovable en Yucatán, ya que ninguno ha hecho la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y sólo dos ya efectuaron una Consulta Indígena pero ambas sólo benefician al sector empresarial, afirmó el especialista de la Unidad Mérida del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), Rodrigo Patiño Díaz.
Lamentó el desinterés de diversas dependencias estatales y federales para corregir las anomalías que prevalecen en torno a los parques eólicos y fotovoltaicos, a pesar que se afecta al medio ambiente y a la comunidad indígena del Estado.
Ejemplificó el caso del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado (Indemaya) y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ya que en ningún momento han efectuado actividades de orientación y asesoría a los pobladores de las comunidades donde se instalarán los parques de aprovechamiento de la energía generada por el viento y el Sol.
Denunció la desidia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que ha omitido efectuar acciones en beneficio de la biodiversidad, pero ya aprobó el respectivo Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) correspondientes a las empresas que desean instalarse en la entidad.
Resaltó la importancia de la EAE como instrumento de consulta de la población, pero hasta el momento ninguno de los empresarios la ha efectuado.
“La EAE es un instrumento de apoyo para la incorporación de la dimensión ambiental a la toma de decisiones estratégicas, las que usualmente se identifican con políticas, estrategias, planes o programas, y como tal es un procedimiento de mejora de estos instrumentos de planificación”, acotó.
Patiño Díaz detalló que los 20 megaproyectos de construirán en diversos municipios del Estado, tal el caso de Cansahcab, Motul, Muna, Peto, Progreso, Sacalum, Sinanché, Sucilá, Suma, Telchac Pueblo, Ticul, Tizimín, Valladolid y Yobaín.
Explicó que, de acuerdo con la ley, es importante la realización de la Consulta Indígena, en la cual se deben otorgar los elementos necesarios a la comunidad, para determinar si, a su parecer, existe una afectación a sus derechos y/o subsistencia, en este caso para el aprovechamiento de la energía solar y eólica.
Asimismo, se deben de hacer de manera previa a la construcción de los respectivos parques energéticos, pero hasta el momento se cumple con la normatividad.
Por lo pronto, ya se terminó la Consulta Indígena del proyecto fotovoltaico de Ebtún, comisaría de Valladolid, así como el eólico de Tizimín, cuyos resultados, fueron a favor del empresario.
Aseveró que el respetivo proceso estuvo mal organizado, la comunidad aceptó de manera forzada la instalación de los megaproyectos, pues bajo engaños y desinformados se les condicionó para que firmaran su aceptación.
De igual forma, está en proceso la consulta los parques fotovoltaicos de San José Tipceh, comisaría de Muna, y el de Peto.
En el primer caso, ya se detectaron numerosas irregularidades, tal el caso de proporcionar información parcial e incompleta a los pobladores, el alentar el divisionismo, se carece de un investigador independiente para validar el proceso, no hay una simulación del proyecto, e incluso, se nombró a un representante que hablará por todos la comunidad, a pesar que no vive en tal municipios.
Finalmente, consideró de irónico que el gobierno federal no exigiera el respectivo estudio al parque eólico de Dzilam de Bravo, y hasta el momento, el pretexto de que el proyecto fue autorizado de manera previa a la reforma energética, pero “por respeto a la comunidad maya, se le debe de consultar para conocer su postura”.
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