- Irresponsabilidad, corrupción e impunidad
Creado el 26 de agosto de 1976 por el gobernador Francisco Luna Kan como un organismo para garantizar las prestaciones de seguridad social de los servidores públicos y sus familias, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) ha sido utilizado por las administraciones siguientes, en mayor o menor grado, como una caja chica para solventar diversos gastos ajenos a la institución o haciendo negocios turbios a la sombra del poder, generando millonarios adeudos y desvíos que actualmente lo ponen al borde del colapso.
El déficit financiero se registra desde el gobierno de Víctor Cervera Pacheco, quien dejó a Patricio Patrón Laviada extensas superficies de tierras al norte de la ciudad para cubrir una deuda de 350 millones de pesos. A pesar de ello, el gobernador panista también heredó a su sucesora, Ivonne Ortega Pacheco, un adeudo estimado en 144 millones de pesos.
Sin embargo, se considera que es durante la administración de la mandataria nacida en Dzemul cuando el boquete deficitario crece a dos mil 81 millones de pesos, cantidad que Rolando Zapata Bello arrastró durante su mandato y aumentó a dos mil 749 millones al final de su gestión.
Antes de concluir su periodo gubernamental, Rolando Zapata intentó subsanar esa enorme deuda dejando a Mauricio Vila Dosal más de tres mil hectáreas de tierras en el municipio de Ucú, aunque el panista expuso en varias ocasiones que esos activos resultaban insuficientes para cubrir el déficit e incluso, explicó que Zapata Bello le mantuvo además un adeudo de 173 millones de pesos que generan intereses moratorios.
El Isstey en quiebra
A mediados del 2022 Mauricio Vila hizo un anuncio dramático sobre la salud financiera de la institución y prácticamente lo declaró en quiebra y como inmediata medida designó un “Comité de Expertos” para que analizara la situación y se plantearan alternativas de solución, pues de lo contrario, para el 2027 ya no habría dinero para pagar jubilaciones, pensiones y demás gastos.
Paralelamente, el mandatario panista presentó una iniciativa al Congreso del Estado para reformar la ley del Isstey con el objetivo de obtener mayores ingresos, pero a costa de reducir o eliminar beneficios y logros sindicales de los trabajadores. La propuesta se aprobó semanas después.
Apenas el pasado tres de junio, la Suprema Corte de Justicia propinó un serio revés a Vila Dosal invalidando el decreto por considerar que era injusto e iba en perjuicio de los derechos adquiridos por los trabajadores.
Sin duda, la crisis que vive el Isstey ha sido ocasionada por una constante mala e irresponsable administración que deja entrever desvíos de fondos públicos e impunidad, aunque esas irregularidades y vicios nunca se han investigado a fondo para castigar a los responsables.
La impunidad prevalece
Los malos manejos en el Isstey han servido más que todo como elementos para montar shows mediáticos y ejecutar negociaciones para beneficiar intereses partidistas y personales, pues en más de una ocasión los actores políticos han llevado a cabo plantones, denuncias en la tribuna del Congreso del Estado, en órganos encargados de auditorías e instancias judiciales, pero a final de cuentas todo queda igual, nada pasa, ningún funcionario ha sido encarcelado y la impunidad prevalece por acuerdos que realizan en lo oscurito los protagonistas en turno.
Uno de los negocios que resultó visible pero poco confiable por los pobres resultados obtenidos para favorecer la operatividad y sanear las finanzas de la institución, fueron los contratos que se hicieron en el gobierno de Zapata Bello con Grupo Escorfin, encabezada por Roberto Guzmán García, para prestar asesorías en inversiones y manejar los fondos del Isstey, pese a que esa firma tenía antecedentes negativos, además de que pesaba la sospecha fundada de que había vínculos de negocios entre sus socios y quienes dirigían al Isstey.
Esta empresa se vio involucrada en un escándalo nacional que destapó una investigación en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), ya que invirtió recursos públicos en instrumentos bursátiles de alto riesgo que representaron pérdidas para la dependencia federal.
Cuando el director del Isstey fue Ulises Carrillo Cabrera, Grupo Escorfin, a través de otra filial, también fue favorecido en el negocio de créditos de nómina a los trabajadores del Estado, en condiciones ventajosas para la empresa.
Patricio Patrón y la venta de terrenos en Altabrisa
Regresando al proceso de endeudamiento del Isstey, se puede recordar que el panista Patricio Patrón Laviada nunca clarificó los detalles de la venta que hizo de los preciados terrenos que le dejó Cervera Pacheco, los cuales pertenecieron a la ex radio-monitora de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y donde ahora se encuentra Plaza Altabrisa y desarrollos residenciales y de negocios diversos de alta gama.
Patricio Patrón siempre manejó con hermetismo los montos de venta, superficies y nombres de los compradores, pero resulta evidente que la venta de las tierras que le heredó Cervera Pacheco para subsanar los 350 millones de pesos que tenía como déficit el Isstey, superaron en mucho esa cantidad tomando en cuenta la alta plusvalía de la zona.
Su sucesora, Ortega Pacheco, poco o nada se quejó o inconformó sobre el estado financiero en que recibió el Isstey de manos de Patrón Laviada, aunque se ha mencionado que el adeudo dejado por el panista rondaba en 144 millones de pesos.
La mayor deuda se generó con Ivonne Ortega
Lo que es un hecho, es que durante el mandato de la política dzemuleña (2007-2012) se le atribuye como el período en que la deuda del Isstey registró el mayor incremento, con el consecuente deterioro de la salud financiera, pues en datos oficiales Ortega Pacheco dejó una deuda de dos mil 81 millones de pesos.
El 4 de noviembre de 2019 y luego de una manifestación de jubilados a las puertas del Palacio de Gobierno en protesta por un descuento que consideraban injusto, la administración de Vila Dosal emitió el siguiente comunicado:
“Esta administración sigue tomando medidas para hacer frente a la difícil situación en que se recibió el Isstey. Durante la administración 2007-2012 de Ivonne Ortega Pacheco, el adeudo histórico al instituto fue de 2, 081 millones de pesos. Para hacer frente a esta situación el gobierno de Rolando Zapata Bello creó el Fideicomiso de la Reserva de Ucú en diciembre de 2014. Sin embargo, dicha administración dejó un adeudo de más de 173 millones de pesos por concepto de cuotas vencidas, más intereses moratorios.
“El gobierno actual reitera que a pesar de los retos financieros por los que atraviesa el instituto las pensiones y jubilaciones están garantizadas y todos seguirán recibiendo las cantidades que se especifican en la ley”.
Respecto al mencionado Fideicomiso, su creación se realizó el 29 de diciembre de 2014 en votación de diputados del congreso local y la superficie total de tierras que se incorporó fue de tres mil 12 hectáreas. En ese tiempo Vila Dosal era diputado y votó en contra por considerar que la iniciativa presentada por el PRI no tenía sustento y claridad.
Qué hizo Vila Dosal con los terrenos de Ucú?
Vale la pena puntualizar que en la sesión del “Comité de Expertos” convocado el dos de junio del 2022 se dio a conocer que las más de tres mil hectáreas que dejó Zapata Bello en el mencionado Fideicomiso estaban valuados en ese tiempo en tres mil 372.35 millones de pesos.
Se desconoce hasta ahora si el ex gobernador panista vendió o no toda la superficie para atender el adeudo del Isstey, así como la cantidad que pudo haber ingresado a las arcas por esa enajenación. En una entrevista declaró que había acercamiento con desarrolladores inmobiliarios a quienes se les podría vender las superficies para ejecutar proyectos de vivienda y áreas comerciales.
En la misma sesión del “Comité de Expertos” del 2 de junio del 2022 se informó que además de las tierras del Fideicomiso, el Isstey tenía solo dos reservas de activos más: Liquidez por 128.7 millones de pesos e inversiones por 583.48 millones de pesos.
En 2027 no habrá dinero para las jubilaciones
Se dio a conocer que si no se tomaban medidas extraordinarias los tres activos se agotarían en el 2027, ya que los recursos que capta la institución a través de cuotas y aportaciones ya no son suficientes para cumplir con las obligaciones y prestaciones a las que están obligada la institución gubernamental.
Sobre este tema, la Secretaria de Administración y Finanzas del gobierno de Vila Dosal, Olga Rosas Moya reiteró que Isstey se encamina a una quiebra inminente que lo llevaría a su desaparición, si el gobierno no encuentra una solución viable a su situación económica actual.
Sostuvo que el “Comité de Expertos” trabajará para proponer lo más pronto posible las mejores opciones para hacer “lo que sea necesario”, con el fin de encontrar una solución a este tema, ya que el Isstey se está quedando sin dinero para pagar las pensiones a los yucatecos.
Además, la situación económica que arrastra el Isstey desde hace varios años, pone en riesgo las finanzas estatales, lo cual podría perjudicar otras áreas del Gobierno, como las destinadas a seguridad, salud y educación.
Bajo esas condiciones se proyecta una suficiencia del Isstey hasta el 2026, asumiendo que se apliquen al déficit todos los recursos financieros y se moneticen todos sus activos, esto dependiendo también de que exista una parte que quiera comprarlos.
Esta necesidad implica que para el 2027 el estado tendrá que asignar recursos por mil 100 millones de pesos, para el pago de pensiones y distintos servicios del Isstey, dinero que podría ser destinado a otras áreas y no a una deuda que ocasionará la quiebra de las finanzas públicas del Estado.
En ese entonces se detalló que tan solo en 2022, para poder subsistir el Isstey requería de una inyección de más de 350 millones de pesos de parte del Gobierno del Estado; para 2023, esa cantidad ascenderá a más de 648 millones de pesos; en este 2024, será de más de 723 millones de pesos; en 2025, rebasará los 829 millones de pesos, y en 2026 superará los mil millones de pesos.
La funcionaria aseguró que la actual administración estatal ha pagado de manera puntual sus cuotas y no existe adeudo alguno de ninguna dependencia y desde el inicio de la presente gestión se pusieron las denuncias correspondientes contra quienes afectaron las finanzas y pusieron en riesgo el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado.
Impacto mediático, la cancelación de 10 jubilaciones
Otra medida que tomó el Gobierno del Estado al inicio de la administración y que evidentemente buscó un impacto mediático, fue frenar el pago de pensiones a 10 ex funcionarios estatales por encontrar inconsistencias en el procedimiento en las que se otorgaron en los últimos días del gobierno de Rolando Zapata.
La cancelación se llevó a cabo a través de la figura jurídica de juicio de lesividad y los montos de las pensiones iban de los 19 mil a los 46 mil pesos mensuales. Esta acción evitó un gasto de 366 mil 219 pesos al mes, es decir 4 millones 394 mil pesos de recursos públicos al año.
En declaraciones hechas por Vila Dosal antes de que el Congreso local aprobara su iniciativa de reforma a la Ley del Isstey, dijo:
“Podemos hacer lo de los anteriores gobiernos, patear la lata y no hacer nada. El gran problema lo tendría el próximo gobernador. Financieramente pudiéramos brincar al 2024, pero el siguiente gobernador tendría que meterle mil 100 millones cada año. Sí hay hoy para darle 350 millones anuales por parte de nuestra administración, pero dar mil 100 millones en los años siguientes, no veo de dónde vaya a salir el dinero.
“Políticamente lo que más me convendría es decir ‘que lo arregle el que venga, es su problema’, señaló. Nosotros pusimos sobre la mesa la discusión del tema. Si no hacemos algo, lo que está en riesgo es el pago de los pensionados actuales porque podría dejar de haber dinero para que les paguen, y segundo, no habría dinero para los que se vienen jubilando.
“En 2025 tendrían que asignarle mil 100 millones, al siguiente mil 300 y luego mil 500, y así se hace una “bola de nieve” hasta que el gobierno tenga que meterle lo equivalente a dos administraciones estatales, alrededor de 10 mil millones en un solo sexenio”.
La Suprema Corte invalidó Ley reformada
Como se señaló anteriormente, a casi dos años de que el Congreso local aprobó las reformas a la Ley del Isstey con el fin de mejorar sus ingresos sin importar sacrificar o reducir prestaciones y derechos de los trabajadores, el pasado tres de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales sus principales puntos.
Entre ellos se encuentra el aumento del periodo de cotizaciones, el “salario regulador”, disminución gradual de la pensión y el retiro de la pensión de viudez, entre otros.
Se trata de la resolución a las acciones de inconstitucionalidad 118/2022 y su acumulada 121/2022 promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, que demandaron la invalidez de diversas disposiciones de esa ley.
La mencionada Ley había entrado en vigor el pasado 21 de julio de 2022 pese a inconformidad y críticas de los trabajadores.
La Suprema Corte resolvió que es inconstitucional el incremento del periodo de cotizaciones necesarias para tener derecho a una pensión, pues redunda en condiciones menos favorables para las personas trabajadoras e incumple con lo previsto en el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la seguridad social, al tratarse de una medida desproporcionada.
También el llamado “salario regulador”, como base para fijar el monto de la pensión, integrado con 85% del promedio de los salarios de cotización que percibió la persona servidora pública durante los últimos 20 años de servicio, lo cual implica una reducción del monto de las pensiones.
De igual forma se consideró inconstitucional que la disminución gradual en el porcentaje de la pensión por fallecimiento es un ajuste que compacta el monto de la cuantía.
Esa situación es menos favorecedora para las personas beneficiarias de esa prestación, al restringir el derecho a la seguridad social sin una justificación que encuentre sustento en el derecho a la seguridad y previsión social.
Otro punto fue el retiro de la pensión de viudez por modificación del estado civil de la persona beneficiaria, ya que implica un trato diferenciado injustificado que redunda en perjuicio del ejercicio del derecho a la seguridad social.
Además, constituye una restricción al derecho de protección a la familia y al libre desarrollo de la personalidad.
Todo ha quedado en buenas intenciones
De acuerdo al decreto 68 publicado el 26 de agosto de 1976 en el gobierno de Francisco Luna Kan, el Isstey fue creado con el objetivo de garantizar las prestaciones de seguridad social que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los servidores públicos, los jubilados, y de sus dependientes económicos, de las entidades públicas afiliadas, a través de la protección de los medios de subsistencia, la asistencia médica, las prestaciones económicas que por ley les correspondan y los servicios sociales necesarios para su bienestar.
Asimismo, se consideraba “tener una Institución fortalecida financiera y organizacionalmente, capaz de cumplir con eficiencia con los compromisos de seguridad social que se tiene para con los servidores públicos y jubilados de las entidades públicas afiliadas”.
Como puede observarse, el espíritu por el que fue creado el Isstey era de avanzada y prometedor para beneficio de los trabajadores y sus familias, pero la irresponsabilidad, corrupción e impunidad han impedido que se cumpla la ley al pie de la letra llevando a la institución al borde del colapso.
