Ante la profunda crisis hídrica y socio-ambiental en el país, la Coordinadora Nacional “Agua para Todos, Aguas para la Vida” y otros grupos de activistas se movilizaron este día de manera simultánea en diferentes ciudades de la República para “alertar al pueblo” sobre una posible iniciativa de ley que se pretende establecer a nivel nacional, pero que a su consideración dejaría intactos lo que consideraron “privilegios de las grandes industrias contaminantes y extractivas del vital líquido.
Los manifestantes recordaron que el tres de febrero pasado, el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, Rubén Muñoz Álvarez, dio a conocer tener una iniciativa de Ley general de Aguas, donde únicamente restaría llegar a un acuerdo con autoridades del Gobierno Federal,
Sin embargo, para el día 13, se publicó una propuesta, donde todo quedaría prácticamente igual a las legislaciones ya implantadas desde años atrás.
“Estamos exigiendo una nueva Ley General de Aguas basada en la Iniciativa Ciudadana para ello, estamos viviendo actualmente una crisis hídrica que se basa en la aprobación de la Ley de Aguas de (Carlos) Salinas de Gortari, cuando se aprobó el Tratado de Libre Comercio, en 1992. A partir de ahí, el agua de todo México, que es rico en este vital líquido y recursos naturales, se abrió a los mercados, hoy por hoy, tenemos una crisis climática y en nuestro país una crisis nacional del agua”, expresó Teresa Vaught Charruf, representante del Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán y de “Agua para Todos, Agua para la Vida”, en una manifestación pública y pacífica, este día, en la Plaza Grande de Mérida.
El cuatro de febrero de 2020, la Coordinadora Nacional “Agua para Todos”, entregó al Congreso de la Unión la “Ibniciativa Ciudadana de Ley General del Agua” (ICLGA), respaldada por más de 198 mil firmas después de un amplio proceso entre la sociedad, basados en 12 consensos por el agua y propuestos en más de 400 foros, talleres, congresos y reuniones nacionales.
“Es necesario que se abrogue la vieja Ley (1992) y que tengamos una nueva con un enfoque de derechos humanos. Los análisis del agua realizados por diversas instituciones dan cuenta de coliformes fecales, metales pesados, nitratos, agroquímicos, hidrocarburos, drogas ilícitas y medicamentos, todos por arriba de la normatividad nacional y aún más de la internacional, que inciden directamente en la salud humana y la conservación de los ecosistemas, que aumentan los casos de enfermedades asociadas a cáncer, renales, afectaciones hormonales, malformaciones congénitas, desarrollo cognitivo y crecimiento”, indicó Cuauhtémoc Jacobo Femat, presidente del Consejo Ciudadano por el Agua Yucatán.
La iniciativa de nueva Ley tiene como finalidad garantizar el acceso equitativo y sustentable a través de la participación en un marco de respeto por los derechos humanos y de los pueblos indígenas, reemplazando la lógica del mercado y de autoridad unilateral establecida en 1992.
De acuerdo con los activistas, los 12 consensos por el agua que debe abarcar la propuesta de legislación incluye: “Respeto por la Naturaleza”, “Respeto por las aguas de pueblos, ejidos y comunidades”, “Coadministrar las aguas en los territorios”, “Derecho a vetar proyectos dañinos”, “Prohibir agua para minería tóxica y fracking”, y “Acabar con acaparamiento por grandes usuarios”.
Del mismo modo, destacan “Cerrar la puerta a la privatización”, “Democratizar los servicios del agua”, “Priorizar agua para la soberanía alimentaria”, “Garantizar acceso pleno a la información”, “Asegurar recursos públicos suficientes” y “Erradicar la corrupción”.
