Sindicato Progresista del Poder Judicial pide reconocimiento como agrupación mayoritaria

La secretaria general del Sindicato Progresista de los Trabajadores del Poder Judicial del Estado de Yucatán, Luisa Inés Martín Puc, presentó ayer martes una demanda ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios con el propósito de ser la agrupación mayoritaria de las tres existentes.

Además, solicitó al Sindicato Único de Profesionistas, Administrativos y Manuales del Poder Judicial que actualice la cifra de socios, pues de los 445 que dicen tener, se le debe restar los 90 empleados que se cambiaron a otra agrupación y depurar a quienes no deben estar afiliados como son 25 jueces.

De aplicarse la depuración del padrón, el Sindicato Único se quedaría con 330 y el Sindicato Progresista sería el mayoritario con 369 socios. Dicho por Luisa Inés, al ser la agrupación con más agremiados, podrían negociar las condiciones generales, defender los derechos de los trabajadores del Poder Judicial y no ser un sindicato alineado como las otras dos organizaciones.

Un primer paso, al presentar la demanda, es que se detenga la conformación de la Comisión de Conflictos en el Pleno del Poder Judicial, como estipula la reforma aprobada en el Congreso del Estado, y que el Sindicato Progresista tenga participación, pues ya son el mayoritario.

Luisa Martín adelantó las situaciones para los empleados del Poder Judicial no mejorarán, pues después de reunirse con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y Consejo de la Judicatura, María Carolina Silvestre Canto Valdés, comentó que no es seguro que les aumenten el 3% en los salarios, cuando en la reforma aprobada por el Congreso del Estado ya se estipulaba.

«Todavía van analizar que, porcentaje nos van aprobar. Si hubiera las condiciones generales, ahí se estipularía el incremento de salario cada año y que sea en beneficio de la clase trabajadora. Lo único que vemos, con la nueva ley del Isstey, es que vamos a ganar menos», dijo.

Las condiciones generales también incluyen bonos para el Día de la Madre o Padre, fin de año, que con el paso del tiempo ha disminuido de 25 a siete o 10 días, según apruebe el Pleno del Tribunal y el Consejo de la Judicatura.

Por otra parte, los actuarios trabajan en vehículos de 2007 “destartalados” y reciben 500 pesos de gasolina para la semana, “cuando el Código de Familia nos dice que el actuario tiene que dar las vueltas cuando la persona esté notificada. Mis agremiados temen que suceda algún accidente, hasta que no muera un actuario no pondrán fin a esto”.

“La magistrada debería enfocarse en temas de primera instancia en la impartición de justicia”, mencionó. “Le dije (a Carolina Valdés) cómo es posible que la administradora (Mercedes Gómez Brito) les otorgue 500 pesos para un vehículo que se usa en la mañana, tarde y noche hasta que den con la persona. Eso lo hacen porque no conocen la carrera judicial”.

De hecho, abundó, la administradora ha sido demandada por los despidos injustificados y se presentó una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) por la insensibilidad tanto de las labores jurisdiccionales y no escuchar las necesidades de los trabajadores.

Otras irregularidades cometidas por la nueva administración del Poder Judicial son el despido de 30 trabajadores durante 2022, cuyas demandas ya fueron presentadas en septiembre y promoverán los amparos por silencio administrativo, pues hasta la fecha no tienen respuesta

“Hay un miedo al despido de más empleados. Los compañeros prefieren estar callados y seguir viviendo estás atrocidades. Con eso no pueden desempeñar su trabajo de la mejor manera”, señaló.

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