La administración estatal anterior, que encabezó el priista Rolando Zapata Bello, quiso imponer un gasto de más de medio millón al mes a su sucesor Mauricio Vila, mediante pensiones vitalicias para sus colabores más cercanos.
El 10 de septiembre de 2018, a unos días de abandonar su cargo, Zapata Bello firmó una serie de oficios para beneficiar con dichos pagos a su gente, los cuales sería sufragados por los contribuyentes yucatecos, pese a que varios de esos ex funcionarios no cubrían ni siquiera el requisito de edad.
De no haberse echado para atrás esa imposición, los ciudadanos hubieran tenido que cubrir al año más de seis millones de pesos, solo para 17 personas.
De acuerdo con cálculos, serían 521 mil 833 pesos al mes para hacer un total de seis millones 261 mil pesos al año.
Al encontrar irregularidades en el procedimiento para asignar las pensiones, el gobierno de Mauricio Vila promovió su cancelación por medio de la figura jurídica de juicio de lesividad.
Estas pensiones canceladas van de los ocho mil pesos a los 46 mil pesos mensuales.
Las más altas corresponden a Eduardo Batllori Sampedro, Daniel Quintal Ic y Miguel Antonio Fernández Vargaz, ex titulares de las secretarías de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Obras Públicas y Contraloría, a quienes se le pretendía otorgar 46 mil pesos mensuales.
Les sigue José Ignacio Mendicuti Pavón, quien fue
representante del ex gobernador Zapata Bello en la Ciudad de México, quien iba a recibir 45 mil pesos al mes.
Los ex directores Ariel Enrique Azcorra Padilla (del fideicomiso público de la reserva territorial de Ucú), Jesús Antonio Paz Pineda (de la unidad de asesores) y Elda María Vargas Jiménez (de procesos transversales de la Secretaría de Administración y Finanzas), recibirían de 40 mil pesos, y Beatriz Eugenia Solís Sánchez (departamento de Desarrollo, Cultura y Actividad Física de Jubilados y Pensionados del Isstey—, 25 mil pesos.
A Gaspar Javier Arceo Peniche se le asignaron 19 mil 219 pesos; Margarito Chi y Balam, de 16 mil 814 pesos; Emma Alegría del Socorro García Pérez, 13 mil 800 pesos, y Hernán José Cárdenas y Gallareta, 12 mil pesos mensuales.
Pedro Pablo Noemí Martínez recibiría 11 mil pesos al mes, y Ermilo Duarte Torres y Mario Renán González Sosa, con sendos ocho mil pesos mensuales.
Hay casos de ex funcionarios que sólo habían trabajado seis años en la administración pública y que pretendían pensionarse, sin causa justificada, a los 40 años como Arceo Peniche.
Además, ninguna de estas 17 personas tenía derecho a la pensión, al no satisfacer los requisitos de tener 55 años cumplidos y 15 años o más de aportaciones o 30 años de aportaciones, sin límites de edad.
Según la norma que rige al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), la pensión máxima es de ocho salarios mínimos, es decir, casi 25 mil pesos al mes.
