[vc_row][vc_column][vc_column_text]La fracción rolandista en el Congreso del Estado cumplió su amenaza y pretende imponer como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) a la ex secretaria general de Gobierno, Martha Góngora Sánchez, quien ocupó ese cargo oficial en los últimos meses de la administración de Rolando Zapata Bello.
La amenaza de proponer a la funcionaria rolandista había surgido desde días antes, pero ante la evidente cercanía con el gobierno anterior, se pensó que no sería propuesta, pero finalmente se hizo, en un afán del grupo rolandista de infiltrarse en organismos ciudadanos.
En un comunicado se informa que nueve candidatos fueron registrados para la presidencia de la Codhey, al presentarse este miércoles la lista para dicho fin durante la sesión de la comisión permanente de Derechos Humanos en el Congreso local.
Dicha lista, que incluyó el currículum de los aspirantes, será distribuida a los 25 diputados de la LXII Legislatura, por instrucciones de la presidenta de la comisión, María Moisés Escalante (PRI), quien también ordenó a la Secretaría General revisar la documentación tanto de los candidatos como de los proponentes para que, en caso de algún faltante, se notifique en las próximas 24 horas y, en las 48 horas siguientes, presenten los documentos que se requieran.
Los candidatos son Adriana Trejo Martínez presentada por 30 asociaciones, Martha Góngora Sánchez propuesta por 32 organizaciones, Diane Carrillo Vega por dos, Geofredo Ángulo López también por dos, Milagros Herrero Buchanan por 13, Noé Magaña Mata por 21, Henry Soberanis Contreras por 12, Miguel Sabido Santana por 119 y, por último, Jimmy Martínez Rodríguez por 14 agrupaciones civiles.
El coordinador de la bancada rolandista en el Congreso, Felipe Cervera Hernández (PRI), detalló que ayer martes 27 de noviembre se cerró el periodo de registro de propuestas, por lo que ahora se dará paso a la segunda etapa, donde, contando con un tiempo máximo de cinco días naturales, se analizará quiénes sí cumplieron los requisitos tanto personales como en cuanto a las asociaciones que lo proponen, para ser elegibles.
“De ahí sesionará la comisión para recibir técnicamente esta información para definir el proceso de comparecencias y en función de las mismas, tendremos que pasar las propuestas al pleno para que las dos terceras partes de la legislatura defina al nuevo presidente, de no ser así, entonces se tendría que insacular entre quienes llegaron a la última etapa”, explicó.
También aclaró que no por contar con más organizaciones civiles proponentes los candidatos tendrán ventaja alguna sobre otros aspirantes, pues todos los que cumplan con los requisitos que marca la convocatoria y sean elegibles tienen la misma oportunidad, sin importar si fueron propuestos por una, dos o más agrupaciones.
La diputada Kathia Bolio Pinelo (PAN) declaró que no se debe calificar a los candidatos por el número de agrupaciones que los respaldan, sino que el cuerpo colegiado debe hacer un trabajo serio y atenerse a los requisitos de la convocatoria.
La presidenta de la comisión, María Moisés explicó, que además de revisar que los aspirantes cumplan con los requisitos que marca la convocatoria, también lo harán con las asociaciones proponentes, y señaló que no necesariamente todas tienen que cumplir los requisitos para que la propuesta sea válida.
“En el caso de aspirantes que tengan el respaldo de varias asociaciones, solamente se necesita que una cumpla con los requisitos que manda la convocatoria para que la propuesta sea viable”.
En su turno, Silvia López Escoffié (Movimiento Ciudadano) argumentó que, con respecto al punto de acuerdo aprobado en sesión ordinaria, para que comparezca el encargado de la Codhey con un informe extraordinario de actividades, sugirió que se podría agendar después de que termine el proceso de elección del presidente de dicho organismo.
Como informamos, el pasado fin de semana asociaciones civiles clausuraron simbólicamente la Codhey por considerar que es un organismo inútil, inoperante, negligente y omiso. Ahora también se pone en riesgo su credibilidad y autonomía.
Entre los motivos que llevaron a la clausura, los activistas mencionaron:
-Por no procurar justicia, ni dar atención a las víctimas.
-Por ser omisa y violar su propia Ley al no emitir sus recomendaciones
-Por no pronunciarse ante la desaparición de niñas y mujeres desaparecidas.
-Por revictimizar, cuestionar y difamar a las víctimas y sus familias.
-Por la falta de debida diligencia en la investigación de las quejas presentadas.
-Por no denunciar la falta de acceso a la justicia en la mayoría de los casos.
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