[vc_row][vc_column][vc_column_text]El Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta), en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), iniciaron la destrucción de 11 millones de cigarros que pretendían ser introducidos al país por la vía del contrabando.
En el acto, que tuvo lugar en el Centro Hacendario de Mérida, Yucatán, representantes del Gobierno Federal y de la industria tabacalera afirmaron que la destrucción de estos productos ilícitos es parte de la estrategia para combatir la distribución y venta de mercancía ilegal que afecta a todo el país.
Los cigarros que serán destruidos en la delegación Mérida del SAT corresponden a las marcas Jaisalmer, Win, Dart, LG Premium, Forastero, Elegante, Elite, Maria y Juana, Royal, Rubi, entre otras, las cuales forman parte de las 250 marcas que están plenamente identificadas en las alertas sanitarias de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
El evento estuvo encabezado por el Jefe del SAT, Osvaldo Santín Quiroz y los administradores Generales de Aduanas y Auditoría de Comercio Exterior, Francisco Gil Leyva y Luis Eduardo Lara, respectivamente, quienes ratificaron el compromiso del Gobierno Federal en combatir la ilegalidad para garantizar las mejores condiciones para el desarrollo de las empresas en México.
“Nuestra convicción -afirmó Osvaldo Santín Quiroz-, es de combatir la ilegalidad, ya que sólo teniendo un Estado de Derecho eficaz se pueden generar mejores condiciones de desarrollo; por lo que el SAT tiene como mandato asegurar el cumplimiento de la Ley en los ámbitos: El fiscal y el aduanero y, por lo tanto, refrenda su compromiso con la sociedad para asegurar un suelo parejo a todos los actores económicos”.
El funcionario agregó que en lo que va de este 2018 se han logrado recaudar, tan solo en la zona sur del país, cerca de 851 millones de pesos por acciones de fiscalización en materia de comercio exterior y siete mil 947 millones de pesos a nivel nacional por el mismo concepto.
Osvaldo Santín dijo que el valor total de los 11 millones de cigarrillos que serán triturados representa aproximadamente seis millones de pesos en el mercado informal y el monto que se pretendía evadir al ingresarlos de manera ilegal al país, asciende a un valor aproximado de 22 millones de pesos.
Arturo Sabines, titular de la Oficina de Control de Tabaco, recordó que debido a su bajo precio de venta, los cigarros ilegales representan graves riesgo para los menores de edad, por lo que estas acciones toman mayor relevancia en el marco del Día Mundial sin Tabaco.
En el evento también estuvo presente Álvaro Pérez Vega, comisionado de Operación Sanitaria de la Cofepris, quien afirmó que la efectiva coordinación entre autoridades e industria ha permitido combatir la presencia de productos en el mercado nacional y que representan graves riesgos para la salud.
“Es el resultado del trabajo coordinado de diversas instituciones federales, con el apoyo de las fuerzas armadas, como la Procuraduría General de la República, de la Policía Federal, de la Secretaría de Marina, de la Defensa Nacional”, aseguró.
Por su parte, Gastón Zambrano Margain, presidente de Conainta, apuntó que los cigarros ilegales que ingresan al país o que se fabrican sin cumplir con las obligaciones fiscales y también sanitarias constituyen además de un riesgo, una competencia desleal para las empresas que cumplen con la regulación correspondiente.
“Estos productos son vendidos a precios tan bajos con los que es prácticamente imposible competir, sobre todo si recordamos que el 70 por ciento del precio de venta de una cajetilla de cigarros corresponde a los impuestos”, denunció.
En ese contexto, destacó el esfuerzo de la presente administración federal en esta materia, toda vez que se han decomisado más de 900 millones de cigarros ilegales en este sexenio y de los cuales, dijo, al día de hoy, ya se han destruido más de 400 millones.
Recordó que según estimaciones de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el 17 por ciento del total de cigarros que se consumen en el país actualmente son de procedencia ilegal, lo que constituye una pérdida en la recaudación fiscal de al menos seis mil millones de pesos anuales, con datos del propio SAT.
Zambrano Margain afirmó que, por medio de estas acciones, se ratifica el compromiso del gobierno y la industria para trabajar coordinadamente y combatir las actividades ilícitas que atentan contra la salud y la economía del país.
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