MÉRIDA.- Acusados de hacer cobros indebidos a vendedores ambulantes de la periferia de Mérida, este lunes fueron vinculados a proceso penal dos inspectores de la Subdirección de Mercados del Ayuntamiento de Mérida.
En audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, la jueza Blanca Beatriz Bonilla González seguidamente aprobó la suspensión del proceso por seis meses.
A los dos inspectores les imputa el delito de concusión (término legal que se refiere a un delito llamado exacción ilegal, es decir, cuando un funcionario público en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona una contribución, o también al cobrar más de lo que le corresponde por las funciones).
La acusación es la siguiente, de acuerdo con hechos que expusieron representantes de la Fiscalía Estatal en la audiencia:
“En el periodo comprendido entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019, los hoy imputados, valiéndose de su puesto de trabajo que tenían en el Departamento de Inspección de la Subdirección de Mercados del Ayuntamiento de Mérida, instruyeron a inspectores que tenían a su cargo para que ubicaran a vendedores ambulantes en la periferia de la ciudad que carecieran de permiso correspondiente y les exigían el pago de una cuota mensual, ello sabiendo que no es debido, ya que acorde con sus funciones establecidas en el Reglamento de Mercados del Municipio de Mérida, no era función de los inspectores realizar el cobro, sino de la Tesorería Municipal”.
La Jueza de Control Bonilla González accedió otorgar a los fiscales el plazo solicitado de dos meses para continuar con la investigación complementaria del caso.
Cabe mencionar que se mantienen contra los imputados las medidas cautelares consistentes en acudir a firmar los primeros cinco días de cada mes ante el Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso; la prohibición de salir del estado sin autorización judicial y la presentación de una garantía económica.
Seguidamente, la Jueza de Control aprobó la suspensión condicional del proceso en la cual, los hoy imputados se comprometieron a residir en un domicilio determinado, la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio y testigos, la prohibición de acercarse a la Dirección de Mercados y el sometimiento de la vigilancia por el Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.
En cuanto al plan de pagos de la reparación del daño, la denunciante recibió previo a la audiencia un pago de dos mil pesos y señaló que no se oponía a la suspensión mencionada.
Si los imputados cumplen con las condiciones a las que se comprometieron se dará por extinta la acción penal y el sobreseimiento del caso.
