Priistas se impugnan, pero firman ‘pacto de civilidad’

Aspirantes a la dirigencia estatal del PRI se comprometen a una campaña de respeto y cordialidad, pese a que se han acusado de traición al partido, de no tener militancia efectiva, de haber sido postulados por otros partidos e incluso de graves desvíos de recursos públicos.

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Foto del día en el que los aspirantes del PRI firmaron un 'Pacto de Civilidad y Compromiso Político'.

Pese a que hay de por medio varias impugnaciones, las cuatro fórmulas aprobadas para contender por la dirigencia estatal del PRI firmaron un “Pacto de Civilidad y Compromiso Político”, en el que se comprometieron a llevar a cabo una campaña de respeto y cordialidad.

Los aspirantes también se comprometieron a trabajar de manera honesta y austera, con miras a los comicios internos que se celebrarán el 7 de abril.

María José Mata de Pau, presidenta de la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI, informó que después de analizar y verificar la documentación recibida el domingo pasado, fueron cuatro fórmulas las que se dictaminaron como procedentes:

Francisco Medina Sulub y Carmen Navarrete Navarro; Eloy Quiroz Ávila y Reynalda Cocom Osalde; Diego Lugo Interián y Raimunda Che Pech; y Francisco Torres Rivas y Lila Frías Castillo.

En la firma del “pacto” no se mencionaron las impugnaciones que se presentaron contra los integrantes de tres fórmulas, a los cuales se acusa de no tener militancia efectiva y de haber pertenecido a otro partido, en este caso el PVEM que postuló Francisco Torres Rivas como diputado federal en el periodo 2015-2018, y a Raimunda Che Pech, compañera de Lugo Interián, como alcaldesa de Kantunil.

A Lila Frías Castillo, compañera de Torres Rivas, se le acusó de traición por haber votado a favor del presupuesto 2019 del gobernador panista Mauricio Vila, y a Carmen Navarrete Navarro, compañera de Francisco Medina Sulub, se le acusa de estar impedida para contender por el cargo de secretaria general, ya que cometió graves faltas sancionadas por el Código de Justicia Partidaria del PRI.

Se pide que a “La Reina del sur” se le suspendan sus derechos como militante priista, ya que sobre ella pesan acusaciones por la comisión de delitos como tráfico de influencias y nepotismo, además de desvío de recursos por más de 10 millones de pesos. Por todos esos ilícitos se le abrió una investigación en la Auditoría Superior del Estado, la cual aún está en curso.

Hasta ahora los únicos que no han sido impugnados son Eloy Quiroz Ávila y Reynalda Cocom Osalde.

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