Por ‘facturero’ podrían descalificar al candidato del PRI en Tecoh

Publicado abril 20, 2021, 9:41 am
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Joel Isaac Achach Díaz, candidato del PRI a la presidencia municipal de Tecoh, podría ser descalificado de la contienda ante una sentencia condenatoria que pesa en contra en el Tribunal de Justicia Administrativa de Yucatán, por irregularidades en sus cuentas públicas cuando fue alcalde en el periodo 2015-2018.

En dichas operaciones presuntamente fraudulentas, se utilizaba a los llamados factureros que tanto ha denunciado y combatido el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las denuncias por presuntos desvíos de Achach Díaz son de dominio público e incluso mediáticas, por lo que ciudadanos de Tecoh no se explican cómo el PRI pudo volver a postularlo, más ahora que las autoridades electorales están aplicando firmemente la ley.

Achach Díaz fue notificado en el mes de octubre del año 2019 sobre los autos del expediente número 01/2018 relativo al Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidades en su contra por lo que recurrió, al Tribunal de Justicia Administrativa para evitar resarcir al municipio de Tecoh la cantidad que resultó del recurso de reconsideración número R.R.F. 05/2019 en que se estableció que deberán resarcir en concepto de daño patrimonial y/o perjuicio la cantidad de $6,836,151.56 M.N. (SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 56/100 M.N.) como responsables de la falta de comprobación y justificación legal de las erogaciones efectuadas.

En el mismo documento en su punto SEXTO. Se le hace saber a Achach Díaz, María Beatriz Chi Tun, José Jorge Garnica Alcaraz y Leandro Humberto Estrella Cocom que en contra de la citada resolución procede el Juicio Contencioso Administrativo previsto en el artículo 12 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán y que el plazo para interponerlo es dentro de los quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que se haya notificado el acto que se reclame o al día en que se haya tenido conocimiento del mismo.

Por lo antes expuesto dicho tribunal dio entrada al juicio contencioso administrativo que hasta la presente fecha no ha dictado sentencia al respecto. A pesar de haber transcurrido más de año y medio, solo ha dado largas a su resolución que al parecer por lo complejo de este asunto que ya esta en manos de la Fiscalía Federal Especializada en el Combate a la Corrupción, en donde ya están radicadas varias denuncias contra la administración de Achach Diaz entre ellas por una obra no realizada en la comisaría de Xcanchakán, perteneciente al municipio de Tecoh y otras más por no haber comprobado el destino final de los recursos.

Ahora se sabe que desde el inicio de su administración Achach Díaz, con la “asesoría” de un contador de Motul, planearon mecanismos para desviar recursos amparados en la compra de facturas a negocios de las comunidades del noroeste del estado, como tlapalerías, y otras más que al año facturaban cerca de 500 mil pesos en cheques que salían a nombre de Pablo Roel Tamayo Aguilar.

Uno de los casos que llaman mucho la atención es que varios proveedores facturaban conceptos que no son sus giros declarados ante SAT y el registro público de la propiedad y comercio, como el del C. ALFREDO ALONSO DZUL POLANCO con domicilio en la calle 95 No. 499-D de Mérida, que lo mismo facturaba material de oficina que medicinas de patente y contralados con receta que supuestamente se recibían en el consultorio municipal, otra empresa ASISTENCIA CORPORATIVA PENINSULAR, lo mismo facturaba obras que alquiler de sillas y mesas.

Aunado a lo anterior los gastos exagerados en diversos rubros alertaron a los auditores en el caso de mantenimiento de los vehículos del municipio se erogaron más de dos millones de pesos de los cuales $1,650 fueron rechazados y se encuentran entre las cantidades a resarcir.

En términos generales estos son los motivos y las razones que llevaron a la ASEY al fincamiento de responsabilidades de estos servidores públicos que no la tienen fácil ante la justicia federal, aunque el tribunal de justicia administrativa los absuelva.