La activista e influencer Jessica Fernández García calificó de “asqueroso y repugnante” el caso del grupo de Telegram, donde estudiantes de la Universidad Anáhuac Mayab de Yucatán compartían fotos y contenido sexual de mujeres sin su consentimiento e hizo un llamado a las autoridades para llegar hasta los últimos consecuencias.
Cabe recordar que en días pasados el colectivo Sororidad Anáhuac denunció al grupo “Zorritas de la UAM”, que increíblemente contaba con mil 280 miembros que intercambiaban y traficaban contenido íntimo y datos personales de alumnas de la Anáhuac y otras instituciones de la entidad como la Universidad Marista y Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), entre otras.
“No hay palabras para lo que está pasando, sólo viene a comprobar que en México a las mujeres se nos ve como objetos, como cosas que pueden ser utilizadas para satisfacer, entretener y hasta intercambiar entre compas”, expresó Fernández García.
“Es de verdad asqueroso, repugnante, lo que estos chavos se atrevieron a hacer con tanta naturalidad y despreocupación, cómo mil 280 hombres pueden estar todos de acuerdo en formar parte de este tipo de cosas. Fotos y videos de sus amigas, novias, ex novias y compañeras de clase”, agregó.
Al hacer pública la situación, las integrantes de Sororidad Anáhuac han recibido amenazas e intimidaciones.
El grupo “Zorritas de la UAM” fue creado en octubre pasado y de entonces a la fecha circularon más de tres mil imágenes y 400 videos de estudiantes universitarias.
Por tal motivo, la UAM y sobre todo la Fiscalía de Yucatán ya se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para dar con los responsables.
“Por qué además de ser violentadas tenemos que sufrir amenazas, parece que las agresiones contra nosotras no tienen fin. Que sepan los directores, las Universidades, el Gobierno de Mérida, que los mismos alumnos se están burlando que no les van a hacer nada, que pueden fácilmente integrar otro grupo”, dijo.
Sin embargo, Fernández García recordó que actualmente la Ley Olimpia respalda a las mexicanas y establece que difundir, reproducir, intercambiar y exhibir contenido sexual, sin consentimiento a través de medios digitales, es un delito que a nivel federal se puede castigar de tres a seis años de prisión.
“Los niveles y tipos de violencia contra nosotras no dejan de sorprendernos, cada vez surgen nuevas formas de violentarnos y lo hacen con tanto cinismo, naturalidad e insensibilidad que realmente uno se queda sin palabras. Lo que mueve montañas es la presión social, necesitamos máxima difusión de este caso para que no quede impune”, manifestó.
“Exigimos que las autoridades hagan su trabajo, que identifiquen a los administradores del grupo y se deje caer todo el paso de la ley sobre ellos. Igualmente, queremos medidas preventivas y de seguridad para cuidar a las estudiantes que valientemente decidieron alzar la voz y que no corran ningún riesgo de asistir a su Universidad o le tengan miedo a sus compañeros”, concluyó.
