Los proyectos de energías limpias, generadores de corrupción

Con información de Daniel Blancas Madrigal/Crónica.com.mx

MÉXICO.- Desde 2019, en los inicios de la actual administración federal, la Sener detectó irregularidades en un Fondo que manejó 9 mil millones de pesos de 2008 a 2018 para 46 proyectos.

En ellos predominaron disparidad entre el monto recibido y la obra registrada, sobreprecios, planes inconclusos y alterados, así como falta de trasparencia. En el presupuesto 2019 se asignaron $500 millones al área, sin definir si irán o no a 23 proyectos pendientes.

A continuación una nota de cronica.com.mx que desnuda todas esas irregularidades, publicada el 21 de mayo del año pasado:

La Secretaría de Energía ha detectado irregularidades en el denominado Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Fotease), el cual manejó recursos por alrededor de 9 mil millones de pesos de 2008 a 2018.

En el papel, esta figura albergó 46 proyectos, pero la mayoría carecen de informes de conclusión financiera. También presentan disparidad entre el monto recibido y la obra registrada, sobreprecios, proyectos inconclusos y alterados, sin estudios previos de viabilidad ni evaluación durante el proceso, así como falta de mecanismos para la rendición de cuentas.

Las huellas de corruptela apuntan hacia la Dirección General de Energías Limpias de la Sener, gestora financiera, y a distintos organismos públicos y privados o sociedades civiles encargados de su operación, como Fideicomiso para el Ahorro de la Energía Eléctrica, Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), Cifra 2 Consultores, Comisión Federal de Electricidad, Centro de Especialistas en Gestión Ambiental, Iniciativa Climática de México, Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Energía Sonora y Nacional Financiera, entre otros.

El Fotease se creó en 2008, tras promulgarse la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de Transición Energética, como parte de una estrategia del Estado mexicano para el aprovechamiento sustentable de la energía (llamada después Estrategia para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios). La norma de 2008 dio paso en 2015 a la Ley de Transición Energética. Su objetivo fue capitalizar acciones encaminadas a utilizar de mejor manera las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias, en especial en la industria eléctrica.

Se presumió siempre en sintonía con las metas planteadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como el freno a la emisión de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero procedentes del uso de combustibles fósiles, y la contención del cambio climático, aunque en realidad fue una farsa.

Desde su arranque, participaron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su calidad de fideicomitente, y Banobras, como institución Fiduciaria, con la coordinación de la Sener.

Del total de proyectos subsidiados, 25 se mantuvieron vigentes hasta el final de la administración de Enrique Peña Nieto. Uno de los más importantes fue la creación de un Atlas Eólico Nacional, con el propósito de identificar zonas con mayor potencial para generar energía eléctrica a través de los vientos e instalación de campos eólicos. Contempló la instalación de torres para medir a diferentes alturas las corrientes de aire.

En la elaboración, cuyo monto aprobado ascendió a 35 millones de pesos, han intervenido la CFE, el INEEL y hasta la Universidad Técnica de Dinamarca.

“Aquí en CFE llevamos casi siete años con ese proyecto, incluso antes de que se aprobara el Fondo, y ha sido puro sacadero de billete. Ha encerrado comisiones fantasma, uso de aviadores y triangulaciones millonarias en beneficio de funcionarios públicos. Después de tanto tiempo seguimos sin tener un Atlas Eólico confiable en el país”, señaló a Crónica Antonio García, empleado de la Comisión.

En la CFE las anomalías se han concentrado en el Departamento de Hidrometeorología, a cargo de Leodegario Sansón Reyes.

“Desde el principio hubo desviaciones. Para una primera fase se aprobaron ocho millones de pesos, y recuerdo que el trabajo lo sacamos con sólo un millón de pesos. Los otros siete millones se falsearon en subcontratos que no existían. Nunca ha habido resultados”, narró Alejandro, uno de los iniciadores del plan y quien fue liquidado de la dependencia por denunciar las anomalías.

Según la Secretaría, “la instalación de torres anemométricas sufrió retrasos debido al tiempo que tomó la licitación para llevar a cabo dicha actividad. El periodo de mediciones debió extenderse hasta el 31 de diciembre de 2019 con el objeto de contar con 24 meses de información de viento. Adicionalmente deberán considerarse seis meses más para la modelación numérica y la elaboración del Atlas observacional, lo cual extiende la duración del proyecto hasta el 30 de junio de 2020”.

Uno más de los proyectos buscaba dotar de electricidad, a través de sistemas de energía renovable, a comunidades rurales sin servicio eléctrico de diversas entidades de la República, y en específico a viviendas con familias indígenas y pobres. Se canalizaron 420 millones de pesos, a través de CFE, sin tener hasta ahora constancia de resultados.

La Sener y la misma Presidencia de la República han señalado patrañas, por ejemplo, en comunidades de Nayarit.

“Es una ofensa, una paradoja, que habiendo en Nayarit tres hidroeléctricas sea de los estados del país con menos electrificación en sus pueblos”, expresó hace unos días el presidente López Obrador.

Otros 23 proyectos se mantienen en el aire, sin reporte de avances y aplicación de recursos. Tampoco documentos oficiales para avalar su ejecución.

En la lista de obras fantasmas, truncas, improductivas e inverosímiles están el establecimiento de cultivos para la producción de insumos bioenergéticos, como sorgo, yuca y caña de azúcar (mil 193 millones de pesos), la sustitución de alumbrado público en diferentes municipios del país (180 millones de pesos), la realización de un estudio para identificar recursos renovables disponibles en el país (73 millones de pesos), la contratación de servicios de consultoría para la ejecución de programas (112 millones de pesos) y el financiamiento a empresas para adquirir equipos eléctricos con alta eficiencia (147.5 millones de pesos).

Además, la promoción de esquemas de energía geotérmica, “cuyos recursos no serán reembolsables” (150 millones de pesos), la sustitución de lámparas incandescentes por fluorescentes en localidades de hasta 100 mil habitantes (816 millones de pesos), la implementación de un fondo revolvente para fomentar energías limpias (160 millones de pesos), el montaje de paneles fotovoltaicos en viviendas de trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (80 millones de pesos), la mejora a Servicios Públicos del Itsmo de Tehuantepec (37.5 millones de pesos), la apertura de un autogenerador en Sonora (95 millones de pesos), la entrega de incentivos para la adquisición de sistemas fotovoltaicos en sectores residenciales (44 millones de pesos), el pago de calentadores solares de agua en hoteles de Yucatán (21 millones de pesos) y el impulso a una cartera de crédito basada en tecnologías renovables (120 millones de pesos).

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 se asignaron todavía cerca de 500 millones de pesos, aunque el gobierno federal no se ha pronunciado sobre si seguirá financiando estos proyectos o cambiará el destino de los recursos, ni sobre la continuidad del Fondo.

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