Hay un subregistro de casos de violencia contra niñas y mujeres que no se cuantifican debidamente como agresiones y lesiones en los hospitales públicos, denunció Adelaida Salas Salazar integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la representante legal de Ni una Más A. C.
En el marco del Día Internacional de la Lucha contra las Violencias contra las Mujeres, la activista declaró que, en Mérida, pero también en Valladolid, Ticul, Tekax se han presentado hechos de violencia, agresiones y ultrajes contra mujeres que no llegan al Ministerio Público y no se reportan en las cifras oficiales.
Salas Salazar recalcó que, en el bienio 2020-21 ha sido de un notable incremento a hechos de violencia intrafamilias, abuso sexual y agresiones contra mujeres debido al encierro que propició la emergencia sanitaria de Covid.
Dijo que, debido a los recortes presupuestales a programas federales, las mujeres de Yucatán resisten y deben defenderse solas ya que, las instancias oficiales que deben respaldar sus condiciones se han ido quedando sin recursos, lo que muestra un claro retroceso a las condiciones de seguridad de las personas que sufren violencia de género.
Apuntó que, las condiciones actuales del gobierno estatal es remar contra corriente, si bien se han publicado leyes de protección y seguridad, es cumplimentan debido a la falta de recursos, de organismos que tendrían que estar operando en atención de las víctimas de violencia, reclamó.
En su caso, el municipio de Mérida avanza, dijo, hay centros de atención a víctimas en la ciudad, pero hace falta que el discurso se cumpla en toda las palabras y se llegue a todos los espacios donde se demanda está atención, ya que las mujeres de las poblaciones rurales no tienen toda la información y no reciben la ayuda a tiempo, abundó.
Dijo que tanto la violencia sexual, como la violencia económica se mantiene, el problema es que, no todas las personas denuncian y muchos hechos se quedan sin ser reparados, como es el caso de maridos golpeadores que presionan a las mujeres por el sustento de sus hijos, repuso.
Es importante establecer, agregó que, las autoridades se rigen por las cifras que emite el Secretariado de Seguridad Pública, pero es evidente que, hay muchos casos que no se reportan al Ministerio Público y los indicios no llegan a las cifras que se atienden desde los organismos de la sociedad civil que ayudan a estas mujeres y sus familias.
Dijo que, debido a la pandemia, tanto la Fiscalía de Justicia del Estado y la Prodemefa reportaron menos casos de violencia; sin embargo, las ONG’s de ayuda a mujeres vieron incrementar sus ayudas incluso utilizando recursos personales para apoyar con despensas y ayuda a núcleos familiares que se vieron expuestos por hechos de violencia.
Precisó que, el gobierno estatal incremente incremente sus programas y protocolos de atención y que se impulsen más programas de prevención y ayuda, debido a que, tanto en Mérida, como en el interior del estado, los casos de agresiones no se reducen y en muchos casos se agudizan ante las condiciones económicas que se han padecido por el desempleo y las reducciones salarias que se ajustaron en las empresas para sobrevivir a la crisis de la pandemia.
Declaró que, es urgente que las dependencias estatales incluyan los protocolos de la Norma NON 046 -Acuerdo: Norma Oficial Mexicana para la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM-046-SSA2-2005), que deberán aplicar con determinación, tanto en el sector salud, como de manera informativa en las dependencias educativas y de Derechos Humanos en favor de las mujeres, concluyó.
