Por Feliciano Moo y Can.
Estamos en un momento muy favorable para avanzar en el aun inconcluso proceso para el reconocimiento de los derechos de nuestros hermanos indígenas y afromexicanos. La coyuntura actual se caracteriza por la llegada a la Presidencia de la República de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo una mujer de izquierda, con gran sensibilidad social y visión de un estado justo e igualitario; que ganó con gran respaldo popular las elecciones del reciente 2 de junio.
En la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión (2000-2003) fui diputado federal por Yucatán, y participé como Secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas. Llevé a San Lázaro mi experiencia como líder indígena de origen maya, puse sobre la mesa de debate elementos sobre las aspiraciones, la organización, la cultura y las propuestas del pueblo maya.
Poco antes, en 1994, los pueblos indígenas de Chiapas se habían levantado en armas para exigir el reconocimiento de su existencia y de sus derechos. Los indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) lograron que el gobierno mexicano firmara de los Acuerdos de San Andrés, donde se plasmaban las reformas constitucionales y acciones institucionales necesarias para la reivindicación de los pueblos originarios.
En el año 2001 logramos la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas. Esta reforma fue histórica, ya que se elevaron a rango constitucional los derechos de los pueblos indígenas a la autonomía, a la libre determinación, al desarrollo integral definido por ellos mismos, a la participación, a practicar sus sistemas normativos, a preservar sus lenguas y sus culturas, entre otros.
Esa reforma no pudo lograr el consenso para retomar todas las propuestas contenidas en los Acuerdos de San Andrés, pero representó un gran avance. En esa Legislatura, también realizamos la reforma institucional por la que se creó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas (CDI), que constituyó una respuesta del Estado para impulsar el desarrollo integral de los pueblos originarios, procurando siempre garantizar sus derechos políticos y culturales. También logramos la aprobación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Con la llegada de la Cuarta Transformación, en 2019 la CDI se transformó en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con el objetivo de profundizar en las políticas de desarrollo de las comunidades indígenas y afromexicanas.
Quienes hemos estado de manera permanente del lado de los pueblos originarios, desde las más diversas trincheras, consideramos que ha llegado el momento de consolidar una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas. Hacer efectivos los derechos a la autonomía y la libre determinación.
Por eso, es alentador que la futura Presidenta haya colocado como una prioridad una nueva reforma constitucional en materia de derechos indígenas, que, entre otras cosas, reivindica los Acuerdos de San Andrés, y propone reconocer derechos fundamentales de los pueblos originarios, como el derecho a la consulta previa, libre e informada; así como el reconocimiento de los pueblos y comunidades originaras como sujetos de derecho público.
Con esta nueva reforma, consideramos que es indispensable diseñar una nueva reforma institucional, para que el INPI y los demás organismos públicos relacionados con el desarrollo integral de los pueblos indígenas, transiten hacia una condición más propicia para que la Cuarta Transformación llegue con toda la fuerza en favor de nuestras hermanas y hermanos indígenas.
