A los tres afectados los estarían presionando para vender sus tierras, situación la que se oponen plenamente, pero además actualmente enfrentan demandas penales por privación ilegal de la libertad y daños en propiedad ajena cometidos en pandilla, supuestamente perpetrados en contra de Martiniano Kuk Méndez, Abundio Mukul Izunza y María Basilia Estrella.
El asunto data del 2019, dado que un grupo encabezado por un extranjero, cuyo nombre no fue revelado, ha mostrado deseos de apoderarse de 20 mil hectáreas, aproximadamente, para convertirlos en desarrollos turísticos y habitacionales.
“Ellos son ejidatarios, son indígenas, todo surgió a raíz de un problema de tierras, con intereses de por medio de personas que quieren que ellos a fuerza vendan sus terrenos, pero se han resistido”, dijo Quintal Narváez.
Cabe señalar que Kuk Méndez y Mukul Izunza fallecieron a causa de la pandemia, pero María Basilia Estrella ha continuado con el caso, apoyada por otros motuleños.
“Hace unos días hubo una audiencia y por cuestiones de salud don Sixto y don Julián no pudieron asistir. El juez de control dictó orden de aprensión en su contra, lo pudimos justificar, yo he visto la decadencia de estos señores a causa de esta situación, el acoso, el hostigamiento”, expresó.
“Lo curioso también es que debido al Covid, de los tres denunciantes, dos murieron. Cómo es posible que se haya seguido moviendo esta carpeta, al punto que hoy estos señores estén enfrentando un problema legal, entre las incongruencias más grandes del caso es que al perecer los integrantes de la parte acusatoria, las víctimas supuestamente, entran al quite otras personas del mismo comisariado”, agregó.
Asimismo, Luis Chuc Sánchez representa a un grupo, la mayoría adultos mayores que se niegan a vender, los apoya, realiza los trámites en la Procuraduría y Tribunal Agrario, por lo que se le fueron en contra.
“Fue golpeado en la casa ejidal, con instrucción del comisario, pero entonces la otra parte va y denuncia, acumulan la carpeta de investigación y le colocan un brazalete a don Luis como si fuera un delincuente. Es muy triste, lamentable, que la Fiscalía esté a la disposición de empresarios, violentando los derechos de nuestros adultos mayores, de nuestros indígenas, gente que no se puede valer por sí misma, que por situaciones económicas y de salud no se puedan defender”, declaró.
“Hicieron una pericial por los supuestos daños que se hicieron a la casa ejidal y lo hicieron seis meses después, cómo voy a determinar un supuesto daño seis meses después, cuando de entrada siempre estuvo funcionando, cualquier puede llegar a hacer daño y culparlos a ellos y la Fiscalía después de medio año ya tuvo el tiempo para armar este absurdo peritaje y que el juez con todas estas irregularidades esté actuando con tanta violencia contra los señores”, añadió.
De acuerdo con Quintal Narváez, en la problemática existe un marcado “conflicto de intereses”, dado que su contraparte jurídica está representada por Miguel Vargas, apoderado legal del Poder Judicial.
“Estos señores también tienen derecho a ser escuchados, pero no puede ser que porque yo no quiero vender mi casa, mi tierra, mi patrimonio, me quieran obligar a hacer algo y que algunos se presten a este tipo de asquerosidad”, indicó.
Este miércoles tendrá lugar otra audiencia, en el Juzgado Primero de Control, a partir de las 10.00 horas.
“Toda mi vida he sido campesino, soy trabajador, conozco todo el campo, son para mis nietos, que atiendan nuestras peticiones, nos tenemos que ganar el pan de cada día, nosotros crecimos son tostadas, con manteca, somos indígenas, laboramos día y noche, pedimos justicia. Nos quieren meter tras las rejas porque no tenemos dinero, los ricos a gozarla”, manifestó al respecto don Sixto Noh y Argüelles, con discapacidad visual y auditiva.
