Kekén, el ‘avecindado’ incómodo en Kinchil

Publicado marzo 20, 2019, 7:34 pm
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El Consejo Maya del Poniente de Yucatán “Chik’in Ja” interpuso esta mañana una denuncia popular contra la empresa porcícola Kekén, por el daño ocasionado al ambiente y actividades productivas como la apicultura y ganadería en municipios de Kinchil, Hunucmá, Maxcanú y Celestún.

El recurso se presentó ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ambas del Gobierno Federal, y la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Yucatán.

En esa zona Kekén, específicamente en el kilómetro 21 de la carretera Kinchil- Celestún, construyó una granja porcícola cuatro kilómetros monte adentro, que opera sin el debido tratamiento de aguas residuales en un área de al menos tres mil hectáreas.

Como ha informado YA, vecinos de Kinchil, municipio ubicado en la zona poniente de Yucatán, denunciaron a principios de año la presunta contaminación que realiza Kekén en amplia zona, donde detectaron la formación de una “laguna negra” producto de las descargas de residuos sólidos sin tratar atribuidos a la empresa.

En conferencia de prensa, Carlos Yamá Ventura, miembro de este consejo, señaló que en la denuncia pobladores de Kinchil establecen que desde el inicio de operaciones de Kekén notaron reducción de la población de abejas y de las cosechas de miel y que, recientemente, ante el extravío de ganado, recorrieron el área y encontraron pantanos de aguas negras que atribuyen a la empresa ya mencionada.

Explicó que esa empresa porcícola, junto con grupo Kúo, iniciaron operaciones en 2010. Kekén le ofrecía en ese entonces a la población empleo y “superación económica” y una mejor calidad de vida, pero iniciaron también un proceso de despojo de tierras e incluso hay litigios agrarios que no han concluido.

El recurso interpuerto también es contra quien resulte responsable ante las acciones y omisiones que han producido deforestación, desequilibrio ecológico, daños al ambiente y a los recursos naturales, además de contravenir las disposiciones legales y ordenamientos que regulan la protección al ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico.

“Ahora la empresa porcícola pretende crecer en nuestro territorio y aumentar sus naves de producción de cerdos”, lamentaron los afectados.

Yamá Ventura, quien también es apicultor, dijo que la granja pone en riesgo los recursos naturales de la zona poniente del Estado, principalmente el agua, así como actividades productivas como la apicultura y la ganadería.

Precisó que unos 16 apiarios quedaron dentro de este complejo, lo que inició un litigio entre la empresa y los productores.

Alberto Rodríguez Pisté, miembro del grupo, aseguró que el vertido de aguas negras con excretas de la granja ha afectado la flora y fauna del sitio, pues a través de un sistema de tuberías se descarga agua que no se puede tratar en el complejo, lo cual desprende un olor fétido y que forma lagunas de aguas negras.

“Este sitio se encuentra a siete kilómetros del cárcamo de agua de Celestún. Creemos que está agua podría ser conducida al sitio y tememos que ocurra. Está en riesgo la salud de los pobladores y de los habitantes de pueblos cercanos”, subrayó.

Por su parte, Orbelín Montiel Cortés, abogado del Equipo Indignación, y que apoya al Consejo Maya, dijo que no hay claridad en los permisos que tiene la granja para operar.

“La granja se conforma de un complejo con seis naves en las que se encuentran unas 20 mil cerdas parideras, las cuales producen hasta 100 mil cerditos mensuales”, precisó.

Agregó que entre los objetivos principales es frenar toda actividad de la empresa porcícola por los daños ambientales que causa las descargas de agua que no cuentan con el debido proceso.

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