[vc_row][vc_column][vc_column_text]En Palacio de Gobierno se urdió el robo de terrenos nacionales, en una franja de playa de varios kilómetros en Dzilam Bravo, que mediante maniobras al margen de la ley, como actas de cabildo falsas, pasaron a manos de inmobiliarias y luego fueron vendidos a particulares, denunció el ex presidente municipal del puerto, Pedro Castillo Reyes.
Alcalde en el periodo 2012-2015, Castillo Reyes señaló que en 2014 Carlos Sobrino Argáez, actual presidente estatal del PRI y en ese entonces subsecretario de Gobierno, le propuso vender terrenos del fundo legal de Dzilam, porque él ya tenía hasta los clientes.
Conocedor de que son terrenos nacionales y algunos de ellos con posesionarios, Pedro Castillo se negó. “Ha me linchan en el pueblo”, le dijo.
Castillo Reyes concluyó su periodo sin que volvieran a tratar del tema, y se enteró que estalló el problema cuando la Secretaría de Marina solicitó un terreno para construir una estación naval y cuando comenzaron las protestas de vecinos del puerto, porque llegaban a sus terrenos supuestos propietarios que les habían comprado a inmobiliarias como Uredi.
Molesto porque lo involucraban en el tráfico de tierras, porque supuestamente durante su periodo el cabildo autorizó donaciones de terrenos a las empresas Alimentos Balanceados, Mayan Wood y Uredi, acudió con todos sus regidores a Palacio de Gobierno, donde se entrevistaron con Gaspar Quintal Parra, quien ya era subsecretario de Gobierno en sustitución de Sobrino Argáez, quien antes de ser presidente estatal del PRI pasó por la Japay.
Castillo Reyes denunció que se falsificó un acta de cabildo donde supuestamente se donaban dichos predios a las empresas, lo cual además no podría hacerse, porque según expuso las donaciones de tierras solo pueden hacerse a personas físicas, no a personas morales.
En el acta apócrifa -asegura que hay más-, supuestamente fechada en 2013 y con folio 75, se falsificaron hasta las firmas del alcalde y los regidores.
De acuerdo con Pedro Castillo, el acta real que corresponde al folio 75 es de su segundo informe de gobierno, en abril de 2014.
Además, el acta falsa está elaborada en formato legal y el ayuntamiento de Dzilam Bravo en el periodo 2012-2015 utilizaba formato carta.
Todo esto se lo expusieron a Quintal Parra, quien les ofreció que se iba a resolver y que las tierras se iban a devolver.
Pedro Castillo dijo que no conocía a Mario Peraza Ramírez, señalado como operador de Uredi y pieza clave en el despojo de tierras urdido desde Palacio de Gobierno por la mafia inmobiliaria costera.
Dijo que cuando iba a tratar asuntos con Sobrino Argáez veía “al gordito” en la oficina y sabía que era asistente del subsecretario de Gobierno. Luego supo que era Mario Peraza.
Y fue precisamente en una de esas visitas, cuando en abril de 2014 Sobrino Argáez le propuso la venta de los terrenos en Dzilam Bravo.
Pedro Castillo culpa de la falsificación del acta a Julio Abraham Villanueva Rivero alias “Triki” (alcalde en el periodo 2015-2018) y a Mario Peraza.
Tratando de limpiar su nombre, buscó a Peraza Ramírez, a quien grabó en audio y en video. Hoy damos a conocer uno de esos audios, donde Mario Peraza reconoce que es operador de Uredi y admite que hay un problema con los terrenos.
Castillo Reyes buscó a varios abogados para denunciar este robo de tierras, pero ninguno quiso aceptar el caso luego de averiguar de qué se trataba, pues de las maniobras de Mario Peraza tenían conocimiento altos funcionarios rolandistas y nadie quiso enfrentarse al gobernador.
Como informamos, las mencionadas tierras forman parte del millonario negocio de la mafia inmobiliaria en la costa yucateca, manejada por funcionarios rolandistas que pretendían robarle a Yucatán y al país una franja de 2.5 kilómetros de terrenos nacionales ubicados frente al mar.
Sin embargo, el gobierno federal, a través de la Sedatu, está por echar abajo las frustradas transacciones millonarias que se hicieron al margen de la ley, operadas por Mario Peraza Ramírez, ex director del Catastro del Estado, mediante la inmobiliaria Uredi, cuyo apoderado legal es Julio Ricardo Presuel Moreno, supervisor de administración y obras de la Japay, junto con su esposa Guadalupe González, ex directora administrativa de la Consejería Jurídica.
La Sedatu confirmó que son nacionales los terrenos que fueron inscritos ante el Registro Público y asentados en el Catastro mediante maniobras legaloides. Dzilam Bravo carece de fundo legal y todos los terrenos son nacionales.
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