En marcha el cierre de una decena de subsecretarías federales por la austeridad

Publicado septiembre 02, 2020, 12:07 pm
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MÉXICO.- El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha pasado la tijera y puesto en marcha un plan para clausurar una decena de subsecretarías para ahorrar en gastos en medio del desplome económico que ha provocado la epidemia de covid-19. La última ha sido la subsecretaría de Minería, que ha cerrado definitivamente este martes como parte de una política de austeridad y recortes a la burocracia anunciado desde abril pasado, pero que se ha concretado en las últimas semanas.

El decreto de austeridad se publicó el pasado 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación, pero no se especifica cuáles serán las 10 áreas administrativas a cerrar, lo que ha convertido a las afectaciones por su desaparición en una incógnita.

El lunes se anunció también la desaparición de la subsecretaría de Gobernación, el enlace del Ejecutivo con los otros poderes y los Gobiernos estatales y municipales. “Agradezco el honor y confianza del presidente y de la secretaria Olga Sánchez Cordero por la encomienda para la resolución de conflictos y garantizar la gobernabilidad de la nación”, dijo su titular, Ricardo Peralta.

En total, se han barajado en la prensa los nombres de ocho de las diez subsecretarías que está previsto que cierren, pero en la mayoría de los casos no ha habido un anuncio oficial e impera el hermetismo.

Además de los anuncios de Minería y Gobernación, la secretaría de Hacienda ha confirmado a EL PAÍS que se clausuraron o ya están en proceso de cierre otras cinco subsecretarías: Minería (Economía); Gobernación (Gobernación); Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico (Comunicaciones y Transportes); Planeación y Política Turística (Turismo); Integración y Desarrollo del Sector Salud (Salud); Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz (Seguridad), e Ingresos (Hacienda).

En cambio, a pesar de varias versiones que circulan en la prensa mexicana, en Relaciones Exteriores se ha desmentido el cierre de la Subsecretaría para América del Norte. Fuentes aseguran que no han recibido ninguna directriz del presidente al respecto, pero reconocen que cada Secretaría busca defender que no se cierren áreas clave, como la que coordina la relación bilateral con Estados Unidos. Las carteras de Trabajo y de Medio Ambiente no respondieron sobre la supuesta desaparición de las Subsecretarías de Empleo y Gestión para la Protección Ambiental.

La ecuación del presidente, un férreo crítico del neoliberalismo económico, entraña una estrategia sui generis, en la que se evita a toda costa el endeudamiento del país y el cobro de nuevos impuestos. La apuesta es achicar el tamaño del Gobierno y lanzar una cruzada contra la corrupción para garantizar los recursos que financien los programas insignia de su Administración, como el Tren Maya, las pensiones para adultos mayores y el plan de dar hasta tres millones de créditos a la palabra para pequeñas y medianas empresas contra la pandemia.

López Obrador busca desmarcarse “de las recetas económicas del pasado” y se mantiene convencido de que la mejor forma de salir de la crisis es apegarse a su plan original de gobierno, que empezó en diciembre de 2018, pese a que la economía del país se ha desplomado un 18.7% en el segundo trimestre de 2020 en comparación con el mismo periodo del año pasado.

“Ya está en marcha la nueva política económica, basada en la moralidad y la austeridad”, dijo el mandatario durante su segundo informe de labores y aseguró que se han ahorrado más de 560 mil millones de pesos (unos 25 mil 600 millones de dólares) gracias a las políticas del Gobierno.

Como en el resto de las áreas desaparecidas, la promesa es que la desaparición de la Subsecretaría de Minería no afectará las actividades del sector —el primer productor mundial de plata y entre los 10 principales productores de otros 15 minerales, según el propio Gobierno— y que su trabajo será absorbido por otras áreas de menor jerarquía de la administración pública federal.

El titular, Francisco Quiroga, ocupará otro puesto en el Gobierno, aunque no se ha detallado su nueva responsabilidad en el comunicado que emitió la Secretaría de Economía.

Integrantes de once asociaciones de la industria minera, que representó el 2.4% del PIB en 2018 según datos oficiales, han expresado en un comunicado “su profundo desacuerdo por la desaparición de un órgano estratégico para la recuperación económica que necesita nuestro país”.

La minería no ha estado exenta de polémica en México. Pese a que el país proyecta con orgullo la riqueza de sus recursos naturales al mundo, las concesiones se han concentrado en las arcas de algunos de los empresarios más ricos y en empresas extranjeras, a menudo con tratos ventajosos para los grandes capitales, pocos beneficios para las poblaciones locales y efectos devastadores para el medio ambiente y la salud, con desastres como el derrame en el río Sonora, que ha afectado a más de 22.000 personas por el vertido de 40 millones de litros de sulfato de cobre en 2014 a manos del gigante minero Grupo México. La desigualdad queda retratada en las cifras: en 2018, el 92% de la exploración minera caía en compañías extranjeras, pero el 60% de la población de los centros productores de plata vivía en la pobreza, de acuerdo con la organización Fundar.

“El entreguismo devastador se acabó”, afirmó este martes López Obrador durante su discurso, además de subrayar que “no hemos entregado ni una concesión para la explotación minera”. A los ojos de las organizaciones civiles es evidente que el modelo extractivista es insostenible, pero hay dudas sobre la gobernanza de un sector prácticamente privatizado al eliminar a la instancia especializada de mayor jerarquía, creada apenas en 2016 como parte del paquete de reformas estructurales del expresidente Enrique Peña Nieto. “Hay una herencia de Peña Nieto y parece que el interés de frenar las concesiones obedece más a recuperar la tutoría del Estado en la minería, que a la austeridad”, comenta Francisco Reynoso, investigador de Fundar.

En el decreto de abril pasado se contempla también la “reducción voluntaria” de hasta un 25% del salario de los altos funcionarios, así como la supresión de los aguinaldos y el resto de prestaciones a final de año. Se cerrarán la mitad de las oficinas para evitar gastos operativos y de alquiler, y no se ejercerá el 75% de las partidas para suministros, servicios y materiales.

Los efectos de los recortes han provocado quejas entre trabajadores del Gobierno. En julio, por ejemplo, López Obrador pidió a los funcionarios que compartieran sus computadoras, después de que se anunciara que se retirarían tres de cada cuatro equipos informáticos en la Secretaría de Economía y la del Trabajo. El uso de papelería, agua, luz y vehículos también se ha restringido, según se ha conocido por los reclamos de los propios empleados. Los recortes a centros de investigación, universidades y programas de apoyo contra la violencia machista han provocado escozor y en algunos casos se han revertido ante la presión de los sectores inconformes, aunque el presidente ha repetido que “el Gobierno tiene que apretarse el cinturón” para que no lo hagan las personas más vulnerables.

Con casi 11 millones de mexicanos que pueden llegar a caer en situación de pobreza extrema tras la pandemia —según un análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social— y una recuperación prevista a tardar entre 3 y 11 años —de acuerdo con analistas y bancos de inversión nacionales e internacionales—, México aún parece estar lejos de alcanzar un salvavidas para su economía, pero eso no merma el optimismo presidencial. “Ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba”, ha insistido López Obrador desde el Palacio Nacional.

Fuente: El País