Campeche, Quintana Roo y Yucatán se ubicaron en el grupo de entidades federativas que registraron un aumento en la incidencia de víctimas de corrupción en al menos uno de los trámites realizados en dependencias públicas, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Incluso, Yucatán se posicionó en la segunda entidad con menor crecimiento, Campeche se quedó en el tercer peldaño, y Quintana Roo, en el cuarto peldaño de mayor aumento.
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, informó que en 2019, el 15.7 por ciento de las personas adultas que tuvieron contacto con servidores públicos fueron víctimas de corrupción, y en ese mismo año, seis mil 154 servidoras y servidores públicos fueron sancionados, de los cuales, el 44.6 por ciento estaban adscritos a instituciones de la administración pública federal y el 55.4 porcentual a las administraciones públicas estatales.
Asimismo, en 2020, el 5.1 por ciento de las empresas tuvieron experiencia directa de actos de corrupción.
El Inegi generó información para medir y caracterizar la victimización por actos de corrupción cometidos por servidores públicos a personas y empresas, a quienes se les pide dinero, regalos, favores, o cualquier otro beneficio para agilizar algún trámite o servicio.
También ofreció información para conocer la percepción que tiene la población sobre la presencia de corrupción en los trámites y servicios que ofrece el gobierno; así como de los mecanismos con los que cuentan las instituciones gubernamentales para controlar y combatir este problema público.
Los programas de información del Inegi contribuyen al diseño de intervenciones públicas que pongan fin a esta fuente de debilitamiento institucional y de desigualdad que beneficia a unos en perjuicio de otros.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (Encuci), el 54.6 por ciento de las personas de 15 años y más reconoció a la corrupción como uno de los tres problemas más importante que enfrentó el país en 2020. No obstante, hay diferencias entre la percepción, que incluye las creencias de que la corrupción existe y las experiencias directas de dichos actos.
De 2013 a 2020 se observa un aumento sostenido de la prevalencia de corrupción que vivieron las personas, y en el caso de las empresas víctimas de corrupción, el nivel se ha mantenido respecto a 2016, subrayó.
Abundó que en las entidades de Durango, Ciudad de México, México y Quintana Roo la probabilidad de que las personas sean víctimas de corrupción fue casi tres veces superior a la probabilidad de ser víctima en Tamaulipas, Baja California Sur, Colima o Zacatecas.
Entre 2017 y 2019, Durango, Quintana Roo, Guanajuato y Puebla fueron las entidades donde se observaron los mayores aumentos en el porcentaje de personas víctimas de corrupción, en tanto que en Querétaro, Chihuahua y Tabasco los niveles de corrupción presentaron mayor disminución.
En 2017, en Yucatán, el porcentaje de víctimas de corrupción en al menos uno de los trámites realizados en dependencias públicas fue del 12.3 y en 2019 pasó al 13.3.
Las experiencias de corrupción de las personas y las empresas fueron más frecuentes cuando se tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública o de justicia, ya sea para denunciar la ocurrencia de un delito, faltas a la moral o administrativas, por infracciones o detenciones por riñas.
Asimismo, 59 de cada 100 personas adultas que tuvieron contacto con estos servidores públicos en 2019 fueron víctima de la corrupción mientras que, en las empresas, la victimización fue de 35 de cada 100 unidades económicas en 2020.
En cuanto a los costos, en 2019 la población en México pagó por causa de la corrupción 12 mil 769.7 millones de pesos, 64.1 por ciento más que en 2017.
En términos per cápita, cada persona víctima de corrupción erogó tres mil 822 pesos en promedio, es decir, mil 372 pesos más por persona afectada respecto a lo estimado en 2017.
Por el contrario, entre 2016 y 2020 se observó una disminución de casi el 50 por ciento en el monto promedio que las empresas erogaron por actos de corrupción
