Por Feliciano Moo y Can.
El sexenio de la Primera Mujer Presidenta, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, debe ser el de la consolidación del reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas. El origen de izquierda social de quien dirigirá los destinos del país, permitirá que se impulse una relación democrática entre el Estado y los pueblos originarios, donde ambos se reconozcan como partes fundadoras de la Nación mexicana.
Una primera muestra de lo anterior, es que la Doctora Sheinbaum le dio prioridad a la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas, para que se discuta y apruebe en la Cámara de Diputados, ya con la mayoría calificada que ganó Morena-PT-Partido Verde. La iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero, ya se dictaminó en la Comisión de Puntos Constitucionales y aquí comentaremos dos cambios de fondo, que retoman los pendientes de la reforma constitucional del 2001.
Quienes impulsamos la reforma de 2001, en mi caso como secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, sabemos que quedaba pendiente el tema de reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Con este reconocimiento, los pueblos originarios podrán ejercer el autogobierno, en forma similar a un municipio. Por eso, el dictamen establece que el gobierno debe determinar, mediante criterios compensatorios, equitativos, justos y proporcionales, las asignaciones presupuestales para los pueblos y comunidades indígenas, que serán administradas directamente por éstos.
Con esa base de personalidad jurídica propia fortalecida, además de avanzar hacia el autogobierno, los pueblos originarios podrán ejercer plenamente sus derechos políticos y económicos. Por ejemplo, podrán hacer efectivo su derecho a la propiedad intelectual colectiva sobre sus conocimientos, sus expresiones culturales y su patrimonio cultural, lo cual también vienen en el dictamen.
El otro avance fundamental en la reforma al artículo 2º constitucional que se aprobará en septiembre, es el reconocimiento de su derecho a la consulta previa, libre e informada. Este derecho está reconocido en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Estado Mexicano en 1990. Por lo tanto, es ley vigente en México, pero hacía falta establecerlo en la Constitución.
De este modo, la disposición quedaría así: los pueblos originarios tienen derecho a ser “consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que se pretendan adoptar, cuando estas puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o, en su caso, llegar a un acuerdo sobre las medidas legislativas o administrativas que vayan a adoptarse. Las consultas indígenas se realizarán de conformidad con principios y normas que garanticen el respeto y el ejercicio efectivo de los derechos sustantivos de los pueblos indígenas reconocidos en esta Constitución.”
La reforma incluye muchos más temas que comentaremos en otra ocasión. Pero ahora es importante que en la legislación secundaria se precisen los alcances de estos dos cambios fundamentales. También es indispensable que en los estados de la República se tenga la voluntad para hacer realidad esta reforma, sobre todo en los estados que tienen más población indígena. Y que las dependencias públicas federales, en particular el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, tengan la apertura y la visión necesarias
En el caso de Yucatán, la llegada a la gubernatura de Joaquín Jesús Díaz Mena “Huacho”, es una muy buena noticia, porque conoce de cerca la realidad del pueblo maya y en su trayectoria política ha impulsado el reconocimiento y el bienestar de nuestros pueblos originarios, identificándose plenamente con nuestras raíces. Fue dos veces diputado federal y secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, donde acreditó propuestas y posturas en favor de la reivindicación de los pueblos y comunidades indígenas.
