Radar Político/Columna
MÉRIDA.- Lejos del fortalecimiento que sus promotores pensaron que dejaría en las filas del tricolor, el rechazo en el Congreso al plan de reactivación económica y el empleo ha generado una guerra intestina en el PRI de Yucatán, de cara al proceso electoral que inicia en el cuatro trimestre de este 2020.
El anuncio de la expulsión de cuatro diputados por haber aprobado la iniciativa del gobernador Mauricio Vila para afrontar la crisis del Covid-19 parece, más que la aplicación de los estatutos, un motivo para desenterrar el hacha de la guerra entre grupos antagonistas en el tricolor.
Al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, parece que se le olvida que no solo fueron los legisladores Lila Frías Castillo, Mirthea Arjona Martín, Luis Borjas Romero y Warnel May Escobar los que apoyan la propuesta del Ejecutivo.
También están dirigentes del sector obrero, uno de los cuatro sobre los que descansa la base priista. Tanto Mario Tránsito Chan Chan (CTM) como Pedro Oxté Conrado (CROC) se manifestaron públicamente porque el Congreso apoye el plan que permitirá crear 30 mil fuentes de trabajo, a fin de recuperar las que se han perdido por la contingencia del coronavirus.
Igual tendrían que expulsar a numerosos alcaldes e incluso al dirigente nacional de los presidentes municipales del tricolor, Sansón Palma Santos, quienes se pronunciaron a favor del plan porque les permite a las autoridades municipales generar el empleo que requieren sus comunidades en estos momentos.
Todo indica que la mencionada expulsión de los cuatro diputados, más que un proceso jurídico en sí, se utilizará más como golpeteo mediático ahora que se aproximan los procesos electorales.
Sin embargo, si llegara a concretarse la expulsión “por no cumplir su código de ética partidista”, los diputados fácilmente podrían ganar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y exigir el respeto de sus derechos políticos partidistas.
Además, el código de ética tricolor no considera ninguna sanción para casos como este.
No estar de acuerdo con sus dirigentes no los convierte en personas non gratas, por el contrario el código de ética y los estatutos del PRI hablan reiteradamente de democracia, y justamente uno de los principios democráticos es respetar la opinión de sus militantes, aunque no coincida con la del presidente en turno.
En conclusión, el rechazo al plan de reactivación económica representa una victoria pírrica, incluso perjudicial para el PRI, que lejos de salir fortalecido emerge con una profunda división que no abona en nada a sus intenciones de recuperarse en las elecciones intermedias de 2021.
