El origen de la mafia inmobiliaria y la ausencia de culpables de sus fechorías (III)

Publicado agosto 12, 2018, 8:21 pm
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Radar Político/Columna

Tercera parte

“Tanto peca la vaca como el que le jala la pata”, dice este refrán popular, refiriéndose a que tanta responsabilidad tiene el que hace las cosas correctas o indebidamente, como el que le deja realizarlas o no le pone impedimentos y ese es el contexto del origen de la mafia inmobiliaria.

Durante años y por siempre han existido falsificaciones de documentos oficiales, así que no es nada nuevo que exista el tráfico de identificaciones falsificadas, pero siempre había prevalecido un sistema de vigilancia y sanciones a quienes eran detectados como responsables de hechos delictivos.

En el caso de la mafia inmobiliaria, que se ha vuelto tema de comentario en la sociedad que no deja de preocupar, la simbiosis de responsabilidades entre autoridades registrales, tanto del Registro Público como del Registro Civil, notarios que por omisión o por conveniencia se han prestado a participar en hechos delictivos.

Y no se puede dejar al margen a las autoridades catastrales, especialmente del Estado donde a pesar de millonarios presupuestos destinados al Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial, la elaboración de un plano o una cédula puede significar un elevado presupuesto y un proceso de varios meses que degeneran en la vía más fácil del cohecho o bien la elaboración falsa de planos o documentos.

Solo para no perder el contexto, cabe recordar que el exdirector del catastro Mario Peraza Ramírez, excandidato perdedor del PRI al Ayuntamiento de Motul en la elección de hace un trienio, involucrado en la difusión de un audio en el que se le involucra en el manejo indebido del tráfico de terrenos y aparece como responsable de la simulación de venta de terrenos de la zona marítima federal de Celestún a particulares, despojando de tierras del fundo legal del Ayuntamiento y generando un encono político que degenero en gritos y malestar social en una de las giras de campaña del entonces candidato Mauricio Sahuí Rivero.

Este botón de muestra exhibe las causas por las cuales en la mafia inmobiliaria no solo están involucrados corredores inmobiliarios, avaluadores, notarios o escribanos sino también exautoridades estatales que teniendo información privilegiada la han utilizado no para el bienestar social sino para su propio beneficio, degradando el ambiente inmobiliario.

Si no existen sanciones contra notarios seguramente será porque el Consejo de Notarios no ha responsabilizado a nadie o porque las autoridades estatales no han impuesto las sanciones que determina la Ley, pero ¿pueden las autoridades hacer cumplir la Ley cuando sus mismos titulares son corredores inmobiliarios, gestores, o tramitadores inmobiliarios o asesores empresariales?

El ejemplo empieza en casa y como se ha descrito en esta serie de artículos el conflicto de intereses entre los titulares de las áreas jurídicas del gobierno han degenerado que ningún notario sea sancionado en casos de delincuencia de la mafia inmobiliaria, además de que en los casos de los exconsejeros Ernesto Herrera Novelo, Jorge Luis Esquivel Millet y hasta el ex subconsejero Pablo Castro Alcocer, en su carácter de aspirantes a Notario, les ha temblado la mano de enfrentarse a sus futuros colegas, omitiendo el cumplimiento de la Ley del Notariado.

En cuanto al Insejupy, del cual depende el Registro Público de la Propiedad, también vemos se ha convertido en un botín políticos donde sus integrantes, Rubén Segura Pérez, actual director sigue despachando asuntos de su exjefe Nerio Torres Arcila; Celia Maldonado Llanes, responde a las indicaciones de Víctor Caballero Durán y en el catastro estatal se impuso a Grethel Elizabeth Guillermo Díaz, desconocedora de los más mínimos conocimientos catastrales.

Insensibilidad e impunidad

La mafia inmobiliaria no terminará con el cambio de sexenio si las nuevas autoridades reproducen los patrones de conducta empleados en los dos sexenios anteriores. La falta de sensibilidad, la impunidad, el conflicto de intereses y la corrupción entre corredores, notarios y registradores.

No se necesitan grandes cambios, más bien actitudes de honradez y probidad en la administración pública y dejar de considerar a las instituciones registrales y catastrales como refugio de políticos que no tuvieron acomodo en los cargos de elección popular.

En concreto servidores públicos que reconozcan y sepan de la importancia de la seguridad jurídica patrimonial.

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