[vc_row][vc_column][vc_column_text]“El negocio está agonizando”, sentenció David Quintal Medina, presidente del Consejo de Administración de Micro Expreso Urbano, al insistir en que es necesario un aumento en las tarifas del transporte.
“Espero que no lleguemos a lo que sucede cuando ya no tienes para combustible, no podremos dar el servicio. Si no tienes para cargar combustible, ya no puedes operar”, argumentó.
Aunque se negó a informar sobre el monto que pretenden aumentar, afirmó que el negocio “está agonizando”.
Hizo estas declaraciones en rueda de prensa a la que asistieron también otros empresarios del transporte público como Daniel Aguiar Saidén, presidente de Rápidos de Mérida; Rafael Canto Rosado, director corporativo de Minis 2000; Raymundo Vargas Cruz, presidente de la Unión de Camioneros, y Arturo Rodríguez Berzunza, presidente de Alianza de Camioneros de Yucatán.
Otro tema que le quita el sueño a Quintal Medina es que aún no se han reunido con Mauricio Vila Dosal, gobernador electo de Yucatán.
“Todavía no hemos tenido ningún acercamiento formal con Mauricio Vila, sin embargo, hemos hecho reuniones con la cúpula empresarial y con la Coparmex y debe haber una comunicación de cuál es la gravedad de la situación del transporte en la capital del estado. Estamos muy extrañados de que no haya interés de parte del gobierno, lo único que queremos es informarles lo que acordamos como sector de lo que está sucediendo y puede suceder”, remarcó.
En el comunicado que leyeron manifestaron, entre los puntos más importantes, que desde el inicio de esta administración gubernamental se les pidió a las empresas del transporte mejorar la calidad del servicio, la implementación del proyecto Situr, así como apoyar con subsidio al combustible para las unidades del transporte.
“Hemos hecho un gran esfuerzo al resistir ajuste en la tarifa del servicio del transporte público, aun cuando ya existe un dictamen y estudio que lo avala. El Gobierno del Estado se comprometió y no ha trabajado en un problema que nos afecta a todos y nos generó una grave situación económica, que nos impide mejorar las condiciones de los camiones que siguen deteriorándose y generando altísimos costos de mantenimiento”, manifestaron en el documento.
También argumentaron que los transportistas no son culpables de las políticas públicas económicas federales (como lo son los incrementos desmedidos a los precios de los combustibles, expresan) y que el gobierno estatal no cumple con la responsabilidad de otorgar los medios y las condiciones según lo marca la ley para que esta actividad no se colapse.
“Por lo que responsabilizamos de esta situación al gobierno del estado por su omisión y, desde luego, de las consecuencias legales, económicas y sociales que esto implique”, sentenciaron.
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