Siete días tiene a partir de ahora y como fecha límite el Gobierno del Estado de Yucatán para analizar y ver si aceptan las recomendaciones presentadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), a fin de determinar la Alerta de Violencia de Género.
“El 22 es la fecha límite que tiene el Gobierno de Yucatán para ver si acepta o rechaza las recomendaciones. Si las rechaza, se emite automáticamente la Alerta de Violencia de Género. Si las acepta y continúa trabajando en los puntos que planteó la CONAVIM, en seis meses se evaluará lo alcanzado”, señaló Gina Villagómez Valdés, investigadora de la Uady y una de las profesionales más comprometidas con la lucha contra la violencia de género.
Para Villagómez Valdés es importante destacar la actitud positiva con que, desde hace días, el Gobierno recibió las recomendaciones y trabaja en el tema. En medio año se analizarán los resultados alcanzados.
Villagómez, junto con Adelaida Salas Salazar, representante en Yucatán del OCNF (Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio); Nancy Walker Olvera, de Ciencia Social Alternativa AC; Bertha Elena Munguía, del Centro de Apoyo Solidario Documentación y Estudio AC, y la doctora Ligia Vera Gamboa, investigadora de la Uady, presentaron este viernes las recomendaciones al Estado de Yucatán que consisten en un conjunto de acciones gubernamentales destinadas a enfrentar y erradicar la violencia feminicida y la existencia de un agravio en contra de los derechos humanos de las mujeres y niñas.
“Entregamos en junio pasado el pedido de Alerta de Violencia de Género para Yucatán en el marco del feminicidio de Jessica. Lamentablemente hoy nos encontramos ante otra muerte, es el caso de una niña de cuarto de primaria, oriunda de Komchén”, señaló Nancy Walker.
También detalló los puntos principales de las recomendaciones realizadas al Gobierno del Estado que tienen que ver fundamentalmente con diseñar e implementar un programa de profesionalización de autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia en derechos humanos de las mujeres desde el género y la interculturalidad; crear una base de datos estatal con categorías específicas que ayuden a la dimensión del fenómeno; diseñar un modelo único de atención integral a víctimas de violencia; realizar un programa de profesionalización de empleados públicos en la atención y prevención de la violencia; capacitar en la norma NOM-046 para personal médico, de enfermería y administrativo en contacto directo con víctimas de violencia de género; expedir reglamentos para la ley de igualdad entre hombres y mujeres en el Estado; destinar recursos suficientes para programas y generar acciones dirigidas a la equidad de género y prevención, así como atención, sanción y erradicación de la violencia.
Asimismo, los profesionales del Gobierno dedicados a analizar estas recomendaciones, deberán realizar dos diagnósticos: uno sobre violencia familiar y otro sobre embarazo en la niñez y la adolescencia a fin de incidir positivamente en la elaboración de políticas públicas. (Cecilia García Olivieri).
