Un grupo de ejidatarios de Ucú se manifestaron en contra de presuntas acciones de abuso, despojo de tierras y violación a sus derechos por parte de empresarios especuladores de tierras, afectando el patrimonio de 320 campesinos.
Los demandantes levantaron la voz y solicitaron la intervención de las autoridades estatales y federales para frenar el daño que se origina en las familias de las comunidades y al mismo tiempo evitar que se ponga en riesgo la autosuficiencia alimentaria.
Del mismo modo, consideraron que la problemática daña a diversas poblaciones del Estado y pone en riesgo que las generaciones actuales de jóvenes y las futuras puedan contar con un espacio para sus viviendas.
En el caso de Ucú, la situación inició en 2021, cuando se propuso la división de las tierras en papel, para que cada ejidatario de un grupo de 355 tuviera su sector, a sugerencia del comisario Miguel Ángel Magaña Tun y el empresario Ángel Ruiz Ojeda.
Ese mismo año, llegó el dirigente Alejandro Ruiz Ojeda para usufructuar las 625 hectáreas que correspondían en total a 355 campesinos, lo que representaba para cada uno poco más de 17 mil pesos.
En mayo, siempre de 2021, se realizó una asamblea para comenzar con el pago, pero fue demandada en el Tribunal Agrario por el ejidatario, Felipe Quintal Dzul, con el argumento que el comisario violó sus derechos al otorgarle la tierra en un lugar que consideraba no apropiado.
Cabe señalar que en marzo pasado, en el cambio de comisariado, el mismo Quintal Dzul, quien durante nueve años denunció supuestos despojos, asume el cargo bajo la protección del empresariado que durante muchos años enfrentó.
“Llamamos a las autoridades a mirar este problema y tomar cartas en el asunto, ya que estos empresarios quieren aplicar el mismo esquema como Caucel, aprovechándose del desconocimiento de los derechos de la gente y procedimientos que se deben seguir ante las instancias correspondientes”, expresó Juan Carlos Noh Dzul, ejidatario de Ucú y presidente del Comité Municipal del Frente Campesino de la comunidad.
“Exigimos que se respete el acuerdo que se tomó con quienes no vendimos, de otorgarnos nuestras tierras en metraje, lugar y que se realice una asamblea en la división de la tierra, para evitar que los que ya vendieron participen del fondo común”, agregó.
Incluso, intentan conformar una sociedad mercantil propuesta por el directivo, Alejandro Ruiz Ojeda, donde el 65 por ciento correspondería a los empresarios y apenas 35 para el ejido, cuando el activo principal es propiedad de los pobladores.
“Son terrenos cercanos al puerto de Chuburná, supuestamente le dan un precio a la tierra, pero favorece más al empresario que el sector ejidal, te pagan una miseria por tu tierra, pero cuando ellos notifican y venden, lo hacen a precio de oro”, expuso María Eugenia Martín Sosa, gobernadora del Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Originarios y Afromexicanos (Conadepoa) Yucatán.
“Hubo un empresario que decía que nuestras tierras no valían nada, pero entonces por qué su insistencia de comprar, cómo es posible que los empresarios tengan todas las facilidades y los campesinos que no desean vender para ellos sí hay trabas, es horrible que lleguen a tu ejido y te paguen 12 pesos por metro, cuando el kilo de tortilla cuesta 30, el dinero es líquido se va entre los dedos”, manifestó.
“Desgraciadamente, en los ejidos los comisarios se han coludido con los empresarios para despojar a su misma gente, en algún momento nos va a pasar lo de Japón, vamos a tener que pagar cinco mil pesos por una toronja o un mango, porque todo lo vamos a traer de otros lados, nuestra industria y soberanía agroalimentaria en Yucatán viene del campo, muchos ejidos tienen mucha zona industrial, urbanizada, dónde va a acabar el campo”, añadió.
