CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal y una fracción del sector empresarial acordaron posponer para febrero de 2021 la discusión y eventual votación de la iniciativa con la que se regula el outsourcing, y firmaron un documento donde se comprometen a resolver el problema del abuso de subcontratación de personal.
El acuerdo detalla que también se harán cambios en el esquema de reparto de utilidades, pues “en el marco de lo planteado por la iniciativa del Ejecutivo en la que no se podrá subcontratar personal, no ha quedado suficientemente definido ni socialmente debatido”, leyó Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
López Obrador afirmó que “hay acuerdo en general de que no debe de existir esta subcontratación de manera discrecional, sin límites y que se debe de evitar el abuso que se ha hecho. Yo creo que en eso se logró un acuerdo”.
Pese a que el acuerdo se logró luego de un mes de ‘jaloneos’, provocó la división al interior del sector privado en donde tres organismos empresariales, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazaron suscribirlo, al considerar que coarta la libertad de la subcontratación, atenta contra la creación y preservación de empleos formales y afecta a las micro y pequeñas empresas.
“Hemos decidido no suscribir el acuerdo propuesto por el Gobierno federal en referencia a esa iniciativa, dado que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada solo a la subcontratación especializada”, señalaron en un comunicado conjunto.
De los doce organismos que integran al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), estos tres no suscribieron el acuerdo en su derecho de buscar los intereses de sus representados, indicó Carlos Salazar Lomelín, presidente de la máxima cúpula empresarial.
“Yo he sido muy respetuoso y así lo seguiré haciendo, de cualquier acción de cualquiera de los organismos empresariales quiera tomar porque ellos tienen sus propios asociados, tienen que responder a sus asociados”, dijo entrevistado al salir de Palacio Nacional.
“En lo que coincidimos todos es en que se deben combatir las prácticas abusivas e ilegales, que distorsionan la sana conducta de los diversos agentes económicos y abusan de los trabajadores y del fisco”, apuntó Antonio Del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).
Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra, advirtió que “el cabildeo con los legisladores será el camino” mediante el cual podrían evitar que los cambios se den.
Inversiones en riesgo
Por su parte Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, expuso que la eliminación de los esquemas de subcontratación daña la relación bilateral entre México y Estados Unidos, pues aleja inversiones por al menos 400 mil millones de dólares en los próximos años, por lo que lo óptimo para el país es armonizar su legislación con sus socios del T-MEC.
En este sentido, propuso “que se suban a la mesa de negociación la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ser materia que impacta directamente a la inversión extranjera y de igual forma, que no hemos visto presente, a la Secretaría de Gobernación por tratarse de gobernabilidad y por tratarse de la relación con el poder legislativo”, dijo en conferencia.
Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), aseguró que el acuerdo tripartito firmado en Palacio Nacional es positivo para perfeccionar la iniciativa de outsourcing, ya que es necesario incluir medidas para combatir a los evasores y para mejorar las condiciones de los trabajadores.
“Se viene mucho trabajo, pero yo creo que va a ayudar a que sea mucho mejor la iniciativa respecto de los términos en que había sido redactada por el Ejecutivo”, dijo en entrevista con El Financiero.
Con información de El Financiero
