Detenidos de Crecicuentas denuncian ilegal detención: ya tienen tres años en prisión preventiva

Publicado agosto 27, 2021, 11:54 am
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Frustración, enojo, rabia e impotencia. Son muchos sentimientos que se anidan en el ánimo de Miguel Argáez López, ex directivo de Crecicuentas, al constatar una vez más la ruta trazada que ya tiene el proceso legal que se sigue contra su familia.

Hoy en prisión se encuentran dos de sus hermanas, una de las cuales era menor de edad cuando se constituyó la polémica primera caja, y su “único delito”, asegura Miguel Argáez, fue haber firmado como una de 25 socios para fundar una de las cajas de ahorro que conformaban la marca comercial Crecicuentas.

Apenas esta semana se realizó una audiencia penal en el largo proceso que ya llevan sus abogados contra la medida cautelar de prisión preventiva contra dos de las hermanas Argáez, Gregorio “N”, Sofía “N” y 14 involucrados mas, quienes solo era empleados de la cooperativa.

Contra lo que marca la ley, los detenidos ya llevan tres años con la medida cautelar, sin que la juez Rubí González Alpuche determine si los libera o se les dicta la formal prisión, que significa el inicio de un proceso penal que desembocaría en una sentencia.

La ley marca que no pueden ser más de dos años de prisión sin que el juez dicte una resolución. Mas aún, que no puede utilizar la prisión como medio de culpabilidad.

En entrevista con Yucatán Ahora, Miguel Argáez asegura que no es la única irregularidad que atribuye a la juez González Alpuche, a la que incluso cataloga de grosera por las expresiones que ha expresado contra los detenidos.

Por ejemplo, se han realizado audiencias sin la presencia de la juez, además de preguntas inducidas por parte de la licenciada González Alpuche a los testigos.

Cuando le han señalado estas anomalías, la juez ha amenazado con multar o mandar a encarcelar a los abogados defensores.

En medio de estas desaveniencias, afirma Miguel Argáez, no han faltado “regaños” y palabras soeces de la juez.

“No entiendo por qué todo este ánimo de la juez contra mi familia solo solicitamos se nos conceda a lo que los imputados por delito no grave se les otorga por derecho y por los jueces en otros estados y en otros países: llevar el proceso en libertad, tener una justicia pronta y expedita, y ser juzgado por un tribunal imparcial, y la única respuesta que obtuvimos de ella fue: PRISION PREVENTIVA EN LO QUE DURA TODO EL PROCESO, mas ilegal no puede ser”, deplora Argáez López.

Gregorio “N” incluso ya renunció a su derecho legal de defensa, y ha pedido que lo sentencien ya, pero la juez no ha querido, lleva dos años sin ejercer su defensa, y la juez tiene la obligación de liberalo a él y a todos, es un mandato constitucional, explica el informante.

El entrevistado menciona que les ha llegado la información que “les van a poner una sentencia de 650 años de prisión”. Este tipo de comentarios no deben de provenir de un juzgador, considera.

Las dos hermanas Argáez López fueron detenidas en 2018 junto con su madre y padre, quien falleció en prisión con 74 años. Fue encarcelado y catalogado como persona peligrosa para justificar la prisión que a la postre le costó la vida.

Mediante amparo se logró la liberación de la madre, quien no ha hecho el menor intento de huir de la justicia, aunque la juez Rubí González trató de impedir que siguiera su proceso en arraigo domiciliario con el argumento de que es una “peligrosa delincuente”.

“Mi madre vive en su casa de siempre en la colonia Miraflores, tiene un modo sencillo de vida, no tendría medios para fugarse del país”, afirma Miguel Argáez, quien ha llegado a arreglos económicos con algunos de los denunciantes que de buena fe expresan en sus audiencias la verdad de la situación: las personas en prisión no son las culpables.

“Hay una señora que me dijo que ella quería que solo le devolvieran 50 mil pesos, y yo accedí pero con la condición de que fuera en parcialidades, porque yo vivo de lo que trabajo, en una empresa de mantenimiento, no estoy nadando en dinero”, señala.

A la entrevista llegó con su uniforme de trabajo, uno similar al que usan los empleados de CFE y otros que se dedican al mantenimiento industrial.

Su vehículo es una camioneta pequeña y modesta, de un modelo con varios años ya de haber salido al mercado.

Finalmente afirma que seguirá impulsando su queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), y solicita la ayuda de la CNDH, gobierno federal y a los órganos de control para que abran investigaciones alrededor del caso.

“Todos tenemos derecho que se sepa la verdad, víctimas y acusados, de lo contrario, si hay culpables que son distintos a ellos, nunca se les aplicara la ley y será culpa de la jueza”, concluye.

La gra pregunta es, ¿dónde están los millones que presuntamente defraudaron los directivos de Crecicuentas? En próxima entrega Miguel Ángel Argáez López dará su versión.