Denuncian que quieren acabar con la mafia inmobiliaria generando descontrol

Publicado agosto 15, 2018, 1:54 pm
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En un afán de acabar con la mafia inmobiliaria, la iniciativa del gobierno del Estado para modificar la Ley del Notariado podría “crear una situación para poder hacer muchísimas cosas sin control”, advierte Beatriz Nájera López, presidenta del Consejo de Notarios de Yucatán.

La dirigente lamenta que no solo no haya desaparecido la figura de los escribanos públicos, sino que con los cambios a la legislación se aumentarán sus facultades.

La abogada Nájera López lamentó que la iniciativa se haya enviado sin consultarle al Consejo de Notarios de Yucatán, tal como se había acordado.

“Nosotros trabajamos mucho tiempo con la Consejería Jurídica para modificar la Ley del Notariado, teníamos un plan para algo más completo, pero al final el gobierno solo mandó una iniciativa para suprimir la figura del notario suplente y dos o tres puntos más”, deplora.

Por ahora la iniciativa ya se dictaminó en comisiones y es probable que se apruebe en el periodo extraordinario de sesiones que tendrá lugar este fin de semana en el Congreso.

La abogada Nájera López indica que, hasta donde sabe, con esta iniciativa aumentarían las facultades de los escribanos, pero no sus obligaciones, como las de capacitarse y actualizarse, que sí se exigen a los notarios.

Los escribamos también podrían actuar en la constancia o fe de hechos, en la certificación de documentos y en operaciones de compraventa de hasta 380 mil pesos, sin respetar la circunscripción territorial considerada en la ley actual.

Por ahora los escribanos solo pueden certificar los documentos propios de sus escrituras, pero podrían ampliar esa facultad para cualquier otro documento.

La dirigente advierte que los escribanos tendrá más facultades, pero no obligaciones, pues no estarán obligados a pagar una fianza para caucionar sus responsabilidades, pero a los notarios sí se les exige.

De acuerdo con cambios que se hicieron a la Ley del Notariado en 2010, la figura del escribano público debió desaparecer en 2016 porque se estableció que ya habían cumplido con su función, pero esto no se cumplió.

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