MÉRIDA.- La sumisión del Poder Judicial al gobierno federal provoca la indefensión de los pueblos indígenas en torno a las anomalías que prevalecen con el proyecto del Tren Maya, ya que cinco de los amparos promovidos por diversas agrupaciones fueron rechazados y uno más está en el limbo, ya que los jueces se han declarado incompetentes para atender el caso, denunciaron representantes de diversos organismos no gubernamentales.
En conferencia de prensa virtual, denunciaron que las principales anomalías se registran en Campeche y Quintana Roo, seguido de Chiapas y en menor medida, en Yucatán.
El abogado de la asociación Indignación, Jorge Fernández Mendiburu, lamentó la actitud del Poder Judicial, pues acata todas las disposiciones del Ejecutivo federal relacionada con el plan ferroviario.
Hasta el momento, sólo se cuenta con dos demandas de amparo admitidas y con suspensión definitiva, una de las cuales emitida por la juez Primero de Distrito de Campeche, y otra correspondiente al tramo 1 que va de Palenque a Escárcega dictada por la Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales de Chiapas.
“Esas dos resoluciones son la excepción frente a la regla generalizada de jueces y magistrados de denegación de acceso a la justicia para las comunidades y en general para quienes deciden argumentar la inconstitucionalidad del proyecto denominado Tren Maya”, acotó.
Del resto, todas fueron rechazadas, tal el caso de cuatro amparos desechados por los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Yucatán, violentando los derechos de integrantes de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch Xíimbal y del colectivo maya Chuun t´aan.
El argumento de los magistrados fue que los firmantes, en su mayoría integrantes de diversas comunidades mayas yucatecas carecen de “interés legítimo”.
Con la misma suerte corrió el amparo presentado por un grupo de ciudadanos en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y otras autoridades ambientales, por haber omitido poner a disposición del público información completa sobre la manifestación de impacto ambiental del proyecto Tren Maya.
En esta ocasión, fue la Jueza Tercero de Distrito, también del circuito correspondiente a Yucatán, quien, bajo el mismo argumento de falta de interés legítimo de quienes presentaron el amparo, decidió desechar la demanda.
En Campeche, el Juzgado Segundo de Distrito se niega a otorgar suspensiones a diversos colectivos, como el de Tres Barrios, que han presentado amparos frente al riesgo real de ser desalojados como consecuencia de las obras del Tren.
En el caso de Calakmul, proceso acompañado por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil y Diálogo y Movimiento, la jueza primero de Distrito, otorgó la suspensión definitiva.
Sin embargo, solo lo hizo para el área de Xpujil, Calakmul, asumiendo el criterio del Tribunal Colegiado de Circuito, lo cual pone en duda su independencia como juzgadora, ya que en un principio otorgó suspensión provisional con un criterio amplio y garantista.
Añadió que ante el trigésimo Tribunal Colegiado de Circuito, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), alegó interés general sin argumentar y mucho menos demostrarlo, por lo que se emitió criterio de reducción de la suspensión provisional amplísima, influyendo indebidamente en el criterio de la jueza de la causa.
Mientras que en el caso de Chiapas, los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en Tuxtla Gutiérrez, revocaron la suspensión provisional de las labores de construcción del Tren Maya en el tramo Palenque – Escárcega, otorgada para dar cumplimiento a la declaración de pandemia, y así salvaguardar la salud de indígenas Cho´ol ante el riesgo de contagio por Covid-19.
En cuanto al el Juez Primero de Distrito con residencia en Chetumal, se declaró incompetente para conocer un amparo presentado por comunidades mayas de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, en Quintana Roo.
Por ende, se turnó el expediente al Juzgado de Distrito de Cancún, generando una situación de facto de denegación de justicia.
“Todo lo anterior configura un panorama en donde el Poder Judicial Federal pareciera declinar su independencia y se apega a los dictados del poder ejecutivo, para legitimar un proyecto que es a todas luces inconstitucional”, concluyó.
