MÉRIDA, 25 de marzo de 2020.- A poco más de un mes del incidente registrado en la escuela primaria “Manuel Gutiérrez Nájera”, el presunto agresor de tres menores de edad, José Enrique Ortiz Rodríguez, refutó las acusaciones en su contra y responsabilizó a representantes de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) del desprestigio que ahora sufren él y su familia.
En una carta abierta enviada a diversos medios de comunicación, dio su versión de los hechos ocurridos a partir del pasado 12 de febrero, y aseguró que en ningún momento agredió a los hijos de la señora Silvia Polanco Andueza, a quien llama “Inés X”.
En el escrito ofrece 11 puntos sobre los sucesos ocurridos en las afueras del plantel ubicado en el fraccionamiento Yucalpetén, a partir de la segunda semana de febrero a la fecha, y las secuelas de todo ello.
Además de los medios, el documento está dirigido a “todos los padres y madres que tienen niños con alguna discapacidad, condición o trastorno del aprendizaje, así como a la sociedad en general”.
Documento
Sirva el presente comunicado para dar a conocer mi réplica a los boletines difundidos por los medios de comunicación al índice, todos, con una marcada tendencia a desprestigiar y manchar la imagen de quien suscribe, de mi esposa y de mi menor hijo, de quienes no solo han hecho públicos nuestros nombres, sino asegurado, sin pruebas, rumores que dañan nuestro honor y que ponen en riesgo nuestra seguridad.
(Cabe aclarar que en Yucatán Ahora en todas las notas que hemos publicado del caso hemos guardado debidamente las identidades de los involucrados, excepto esta en la que el señor Ortiz Rodríguez expresamente expone su nombre).
Al respecto, haciendo uso del derecho que me asiste, a dar mi réplica, y en virtud de que no he sido entrevistado por ninguno de los medios mencionados para tal fin, hago las siguientes precisiones:
1.- No soy una persona violenta, agresiva, ni tampoco lo es, de ninguna manera mi menor hijo o mi esposa como se ha venido difundiendo con el propósito de desprestigiarnos.
- Tampoco es cierto que quien suscribe haya tocado en modo alguno a los menores hijos de la señora Inés X.
- Lo que en realidad ocurrió, es que un grupo de padres de familia, azuzados por el director de la escuela (primaria Manuel) Gutiérrez Nájera (William Gil Romero), y la supervisora de zona, quién por cierto es la misma de la escuela Jacinto Leonardo Rosado Avilés (ubicada en Xoclán), y que ha sido acusada de proteger a la directora de tal escuela, así como a dos docentes, de quienes se dice maltratan menores con la condición autista, vieron la oportunidad de usar la estrategia de exhibirme con el propósito de expulsar a mi menor hijo, quien presenta una condición neuro biológica del desarrollo, y a quien la SEGEY no desea incluir, pues conlleva un mayor esfuerzo de su personal docente, así como una labor de concientización y sensibilización en toda la comunidad educativa.
- En fecha 26 de febrero, el suscrito y mi esposa fuimos citados a la oficina de la supervisora, ante quién presenté un escrito describiendo la actuación y contubernio del director (Gil Romero), sin embargo, sorpresivamente, lejos de brindarnos su ayuda, nos informó que lo que en realidad esperaban de nosotros era que retirásemos a nuestro hijo de la escuela, y que a cambio ellos (inspectora y director) quitarían la denuncia interpuesta por una madre de familia en contra del suscrito.
- Con lo anterior, queda evidente que son las autoridades escolares las que mueven a los padres y madres de familia, a fin de deshacerse de los niños con alguna condición, y de esta manera, no proporcionarles los ajustes razonables a que tienen derecho, como lo son: sombras o monitores, adecuaciones curriculares, y en general protección reforzada para evitar que los mismos sean víctimas de bullying y/o maltrato escolar.
- Bullying como el que ejercieron los menores hijos de quién ha denunciado falsamente al suscrito, quienes son de grados mayores a mi hijo de tan solo ocho años, pues uno cursa el cuarto grado y el otro sexto.
7.- El día 12 de marzo, las autoridades escolares, siendo estas la inspectora de zona, la supervisora del sector 3, y el director (Gil Romero) citaron a mi esposa y la esperaban con un escrito en el que condicionaban la permanencia de mi menor hijo en su escuela, con el hecho de que ella firmara tal documento, en tal escrito se expresaba que el suscrito no debe acudir a la escuela, ni ejercer ningún derecho como padre de familia, que no acudiré a festivales, juntas de padres de familia y cualquier otro asunto relacionado con la educación de mi menor hijo, no omito manifestar que mi esposa fue coaccionada a firmar tal documento, lo anterior, no obstante que la misma les expresó su inconformidad con el mismo; de tal documento le mintieron que le darían una copia, sin embargo luego de firmar se negaron a dársela, y le informaron que acudiera al Departamento Jurídico de la SEGEY por la misma, pues ellos seguían órdenes de la Licenciada del Jurídico.
8.- Es importante aclarar, que de manera cobarde y ruin, el director (Gil Romero), la supervisora y la jefa de sector, haciendo uso del poder de convocatoria con el que cuentan por sus cargos, así como de sus contactos, hicieron uso de personal de la Secretaría de Seguridad Pública, en la unidad móvil número 6732 a quien arribó a la escuela el día 13 de febrero, estando a cargo Miguel Ángel Sanguino Castillo, un policía 3ero de la patrulla, quien de forma prepotente y traicionera, con otro oficial del que desconozco el nombre, me obligaron a subir al antimotín, sin que el suscrito haya realizado alguna conducta ilícita, pues fui citado por el mencionado por el director para tal fin, pero con engaños de que iba por un asunto de mi menor hijo, fui esposado como un delincuente y expuesto ante toda la comunidad escolar, y estuve incomunicado todo ese día y toda la madrugada del día siguiente, durante todo el trayecto el oficial mencionado hacía todo por provocarme para buscar que el suscrito le diera un motivo para caerme a golpes, sin embargo las esposas en mis manos me lastimaron, donde el actuario del juzgado cuarto dio fe, al momento de llevarme un amparo promovido por mi esposa, sin embargo, el suscrito soy una persona de paz, “y no caí en provocaciones de ningún tipo ya que el sr. le salió decir que le estaba haciendo una segunda o paro a una persona. (usando uniforme y unidad para tal fin)” (sic).
9.- Como consecuencia de la detención e incomunicación ilegal que la SSP realizó en mi persona, mi esposa estuvo todo el día buscándome en la morgue, los hospitales públicos y privados, la Cruz Roja y por todos lados en total desesperación, pues a pesar de que el director sabía que me habían detenido frente a sus ojos, y que había llevado a cabo tal acción, no le informaron a mi esposa de lo sucedido, todas las autoridades fueron inmisericordes y hasta burlonas al dolor y desesperación de mi esposa por saber de mi paradero.
10.- Como resultado de lo anterior, mi esposa se vio en la necesidad de interponer un amparo por incomunicación, dando como resultado mi liberación, la cual ocurrió a las 5 a.m.
11.- A la presente fecha, la sra Inés X ha presentado una denuncia falsa ante la Fiscalía (General del Estado), sabiéndose respaldada por las autoridades escolares mencionadas, quienes mantienen redes de poder con la Fiscalía Especializada en Delitos contra Menores, quien me ha citado (25 de marzo) en plena contingencia por el coronavirus (Covid-19), sin importarle el poner en riesgo al suscrito y a toda mi familia, todo lo anterior, por tratar de que el suscrito saque a mi menor hijo de su escuela.
Atentamente
Sr. José Enrique Ortiz Rodríguez
