*Protesta ante el Tribunal Unitario Agrario señala responsabilidad de dicha
institución en el agravamiento de conflictos agrarios en todo el país.
- Demandan reforma en profundidad de Ley Agraria y sistema de justicia agraria.
Miembros de varias comunidades mayas y de organizaciones sociales protestaron hoy ante la sede del Tribunal Unitario Agrario en Mérida, demandando una búsqueda más intensa y diligente del abogado
Ricardo Lagunes Gasca y del líder comunitario Antonio Díaz Valencia, secuestrados el 15 de enero en
Aquila, Michoacán.
Demandaron asimismo una reforma en profundidad de la Ley Agraria y el sistema
de justicia agraria, que actualmente benefician a intereses privados en lugar de a las comunidades.
Luis David Quijano Pool, ex comisario ejidal de Ixil, manifestó: “El abogado Ricardo apoyó al ejido de Ixil en el juicio con el que detuvimos el despojo de más de 5,300 hectáreas de tierras de uso común. Es
importante que el Gobierno proteja a defensores como él y el profesor Antonio Díaz, y que los busque hasta encontrarlos”.
“También es importante que se limpie el Tribunal Unitario Agrario de funcionarios
corruptos. En nuestro caso, el Tribunal ha favorecido a los despojadores con maniobras para trabar el juicio y evitar que se llegue a sentencia. Esto no resuelve los conflictos, sino que los agrava. Queremos
que la justicia agraria sea eficiente y proteja a los campesinos, no a los despojadores.”
Berta Correa Córdova, vecina de Ixil, agregó: “Queremos que las fuerzas de seguridad hagan bien su trabajo, que lo busquen donde los tienen secuestrados. Las familias y los comuneros de Aquila han denunciado que la búsqueda está siendo muy lenta y muy débil. Exigimos que las fuerzas de seguridad se apliquen en profundidad hasta hallarlos con vida.”
Aurelio Mugarte Xool, ejidatario de San José Tibceh, declaró: “El abogado Ricardo nos representa en un juicio agrario con el que detuvimos un megaproyecto que hubiera destruido cientos de hectáreas de selva. Pero tuvimos que pelear duro con el Tribunal Unitario Agrario de Mérida, pues el magistrado no quería reconocer que somos una comunidad maya y que nos amparan derechos colectivos. Hay que reformar en profundidad los Tribunales Agrarios para sacar a los jueces corruptos y asegurar la
protección de nuestros derechos.”
Carlos Yamá, ejidatario de Kinchil, añadió: “El Tribunal Unitario Agrario de Colima tiene relación con este secuestro, pue no cumplió su función de hacer justicia al grupo de comuneros liderado por el profesor Antonio y representado por Ricardo. El Tribunal mantuvo esta situación de injusticia por
años, y esto ha desembocado en violencia contra los defensores de la comunidad. En Yucatán ocurre lo mismo, en Kinchil iniciamos un juicio contra Kekén en el año 2012, pero recién ahora se va a llevar a cabo la primera audiencia. Ricardo debería representarnos en esta audiencia, y su secuestro nos deja
en una situación de indefensión.”
Marco Rodríguez, ejidatario de Celestún, agregó “Ricardo asesora a un grupo de ejidatarios de Celestún a los que despojaron ilegalmente de sus derechos y tierras, en un juicio que sigue sin resolverse. Es urgente que se reforme la Ley Agraria y los tribunales agrarios para poner freno a estos abusos. El sistema ahora está al servicio de intereses privados y funcionarios corruptos, no podemos tolerar más esta situación.”
La protesta fue acompañada por miembros de diversas organizaciones sociales, tales como Fundación Yansa, Kanan Derechos Humanos AC, Red de Género y Medio Ambiente, Colectivo Sinergia.
