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Los recientes sucesos registrados en la entidad demuestran que Yucatán empieza a dejar el conservadurismo para empezar a dar un pleno respeto a los derechos humanos de las personas con orientaciones sexuales diferentes, coincidieron especialistas y activistas.
Sin embargo, reprobaron la prevalencia en el estado del obscurantismo en derechos humanos, ya que incluso en países de África tienen avances importantes en matrimonio igualitario.
La investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), Ligia Vera Gamboa, afirmó que en la XVII marcha de la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual e Intersexual (Lgbttti+) de Yucatán se comprobó que “los yucatecos ya no son tan conservadores”.
Aseveró que en dicho evento, efectuado el pasado sábado 8, de los poco más de cinco mil participantes, la mayoría de los participantes eran jóvenes, los cuales tienen una visión alejada del modelo conservador que predomina en la entidad.
“Las nuevas generaciones ya tienen un respeto a la igualdad de género, por lo que en un futuro próximo ya no predominarán las posturas radicales”, señaló en el marco de la Mesa Panel “Matrimonio igualitario”.
La estudiosa del Centro de Investigaciones Regionales (CIR) “Dr Hideyo Noguchi” de la UADY vaticinó que de continuar con el fomento de la cultura del respeto de los derechos humanos de todas las personas, Yucatán destacará con una notable disminución en la violencia intrafamiliar, homofobia, homicidios, entre otros delitos.
Resaltó que en el estado ya se fomenta el concepto de familia homoparental, conformada por un matrimonio entre dos personas del mismo sexo, e incluso, uno de ellos ya hasta adoptó a un hijo.
Expresó que recientemente, en Botswana recientemente se aprobó el matrimonio igualitario, por lo que “es increíble que un país de tercer mundo, y de África, se tenga una mayor cultura sobre derechos humanos en comparación con Yucatán”.
Por su parte, el abogado Villevaldo Pech Moo aseveró que los matrimonios entre personas con orientaciones sexuales diferentes están prohibidos en Yucatán, pero se puede lograr por medio de amparos, cuyo proceso legal tiene un costo de entre 20 mil a 50 mil pesos.
Añadió que “el matrimonio igualitario es un derecho humano, por lo que los diputados no deben de gastar neuronas para demostrar lo contrario”.
Durante el evento efectuado en el auditorio “Manuel Cepeda Peraza” de la Máxima Casa de Estudios, reprobó la actitud de los diputados locales de votar en secreto, pues “fue evidente que predominó el síndrome de la avestruz”.
Reprobó la postura del Poder Judicial del Estado (PJE), pues no pueden otorgar un amparo para procurar que una pareja homosexual se pueda casar, debido al exceso de burocracia que predomina.
“El problema no sólo es el Congreso del Estado, sino también predomina entre los magistrados”, subrayó.
Abundó que los magistrados ponen muchas trabas, entre ellas está considerar que la credencial con fotografía que emite el Instituto Nacional Electoral (INE) es inválida para demostrar el domicilio de una persona.
Comentó que de acuerdo con la jurisprudencia solicitan un recibo de luz o de agua, con una antigüedad de seis meses o bien, conseguir una constancia emitida por una autoridad para demostrar la vecindad.
“La autoridad debe de cambiar el chip que actualmente tiene, las cosas ya no son como antes, se vive otro momento”, abundó.
En el evento participaron dos matrimonios homoparentales, el primero conformado por Fátima Díaz Borges y Alicia Ortíz, mientras que el segundo, por Douglas Canul y Pablo Alemán Góngora, éste último, presidente de la Red de Personas Afectadas por VIH (Repavih).
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