El clima de tensión entre los ejidatarios de Chocholá aumenta de manera considerable, ya que bajo amenazas a los denominados “disidentes” se les pretende obligar a que desistan de la denuncia interpuesta por la venta de 612 hectáreas.
El ejidatario Gonzalo Alcocer Peña, acompañado de otros cuatro más, denunció las irregularidades que prevalecen en la población, y que ahora da continuidad la comisaria Maritoña Flores Rosado.
Durante la conferencia de prensa que presidieron, los inconformes enunciaron que en Chocholá hay 565 ejidatarios y ocho avecindados, pero estos últimos “no los conocemos, no viven en ahí y mucho menos tienen al menos un año de residencia en la comisaría”.
Indicó que en 2012 a los ejidatarios se les informó que 500 hectáreas, cuando en realidad la extensión entregada es de 612.
“A los empresarios se les regalaron 112 hectáreas, y lo peor de todo, al hacer otras mediciones aparecen que les dieron 40 hectáreas más”, acotó.
Aseveró que las irregularidades son diversas, pues primeramente pidieron el cambio magistrado del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 034, luego formaron parte de la toma de las instalaciones de la Procuraduría Agraria (PA) en Yucatán, solicitando la destitución del ahora enlace de la dependencia federal, Alfredo Ramírez Gómez.
Posteriormente, el pasado 12 de octubre, en Ixil, formaron parte de los cerca de 500 ejidatarios, representantes de más de 38 ejidos de Yucatán, que se manifestaron para denunciar las numerosas irregularidades protagonizadas por el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcon, y el procurador Agrario, Luis Hernández Palacios, funcionarios de las Cuarta Transformación que estaban presentes en el evento.
Luego, el 28 de octubre pasado, durante la comparecencia de la comisaria Maritoña Flores Rosado ante el TUA, ésta llevó a sus agremiados para efectuar una manifestación, y al día siguiente, realizaron una protesta ante el Congreso del Estado.
Comentó que afortunadamente, se activaron las audiencias para invalidar la asamblea efectuada en 2012, pues se pretende que las tierras sean realmente para la gente de campo y no para los empresarios.
Finalmente, expresó que hasta el momento, ya se vendieron mil 500 hectáreas, pero sólo 612 se han registrados ante el Registro Agrario Nacional (RAN).
